- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alista un plan para inhibir el uso de dinero ilícito en campañas. Quieren más sanciones contra quienes burlen a la autoridad.
Morelia, Michoacán a 21 de junio de 2019.- Los familiares de candidatos deben ser incluidos en el proceso de fiscalización de las campañas, pidió Carla Humphrey, directora general adjunta de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En entrevista con El Heraldo de México, sugirió también eliminar cualquier impedimento para sancionar a quien haya obtenido un triunfo electoral si se detecta que usó prestanombres o empresas fantasma en su campaña.
La ex consejera electoral local explicó que es necesario desarrollar mecanismos para detectar el dinero no reportado en el Sistema de Fiscalización Online del INE.
Una herramienta para lograrlo, agregó, es seguir la ruta del dinero que beneficia a un candidato tomando en cuenta a sus parientes.
“Como país necesitamos saber si la esposa, el hijo o cualquier pariente de un candidato es responsable de un manejo de recursos porque, además, las personas políticamente expuestas claramente no ponen a su nombre esos recursos, justo, porque su finalidad es esconderlos”, consideró.
Un ejemplo del uso de familiares para recibir recursos ilícitos es la esposa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien habría recibido una mansión comprada por Altos Hornos de México,12 días después de que de la paraestatal autorizara la compra de Agronitrogenados.
Para evitar este tipo de experiencias, Humphrey Jordan también sugirió establecer mecanismos de coordinación e intercambio de instituciones para vincular irregularidades cometidas en otros niveles de gobierno e, incluso, cambios en la evolución patrimonial de los funcionarios.
“Hacer análisis de la evolución patrimonial es algo que la Secretaría de la Función Pública no hacía hasta que comenzó este sexenio. Si enfocamos esta medida al ámbito electoral pueden saltar datos que competen la fiscalización”, agregó.
Por ello, se pronunció porque los procesos de fiscalización no concluyan con la calificación de una elección y la validación de un informe de ingresos y gastos de campaña.
“Tenemos que pensar en procesos de fiscalización que no terminen, que si se encuentra algo irregular dos años después o se tenga información se pueda reabrir un proceso. Las consecuencias de violentar la equidad en la contienda, en términos de financiamiento deben alcanzarte aun cuando ya estés en el cargo.
“En eso sí tenemos que reformar para que, aunque estés ocupando un espacio público, si violaste la ley y ello se detecta después, te vas del cargo. No puedes ser que les demos un cheque en blanco y les digamos ‘ya resolvimos, ocupaste el cargo y no se puede hacer nada’”, concluyó.
Fuente / El Heraldo
