El paquete de reformas retomaría figuras como el arraigo, el cual permitiría encarcelar a una persona sin acusación o sin haber sido presentado ante un juez, de acuerdo con el abogado.
La reforma judicial que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para resolver los problemas de impunidad y seguridad en el país, sería un retroceso de varias décadas, ya que reviviría algunas “prácticas peligrosas” para obtención de pruebas en los juicios y eliminaría figuras importantes para el proceso, sentenció un experto en la materia.
El pasado 15 de enero, autoridades federales de justicia pospusieron para febrero la entrega oficial del paquete de reformas al sistema de judicial, el cual incluyen dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales, cambios a seis leyes y códigos, así como 14 modificaciones constitucionales.
De acuerdo con los borradores filtrados, la administración federal apostaría por retomar figuras como el arraigo, el cual permitiría encarcelar a una persona sin acusación o sin haber sido presentado ante un juez, por lo tanto, “es una puerta abierta a la tortura y fabricación de delitos”, refirió Luis Eliud Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Ante esta medida, abundó, una persona puede estar en una casa de arraigo a disposición de un Ministerio Público durante 40 días, en donde se pueden generar y reunir pruebas, que muchas veces son ilícitas, para presentarlas en un juicio.
También se propondría la eliminación de figuras importantes para la protección personal, como los jueces de control, quienes corroboran que las pruebas presentadas en los juicios sean lícitas, al igual que dictan medidas cautelares a las personas que son detenidas, aseguró.
