Por: Erik Avilés Martínez
Hace prácticamente una década, algunos integrantes del Consejo Consultivo y de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán hablábamos con la entonces titular de la SEE, la Mtra. Graciela Andrade, sobre la imperiosa necesidad de un rescate a las finanzas educativas estatales, para equiparar las condiciones existentes en Michoacán en materia de infraestructura y de recursos humanos respecto a las de la media nacional. Coincidíamos en que la asimetría financiera provocada desde la federación era profunda, insostenible y lacerante.
Hace un lustro, en nuestro efímero transitar por el Comité Ciudadano para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán se expuso ante sus integrantes y funcionarios federales enviados en carácter plenipotenciario sobre la enorme importancia de solucionar la situación educativa estatal, por ser la piedra de toque para contribuir a la seguridad, la activación económica y el desarrollo de la entidad federativa. La respuesta nunca llegó, pero en cambio se priorizaron proyectos relacionados con la compra de armamento, así como esquemas de negocios estilo enclave con visión político-territorial. Los resultados de tales decisiones están a la vista.
Desde principios de 2018 visibilizamos en este mismo espacio la inutilidad de continuar en ese juego de suma cero que representa disputarse entre diferentes ámbitos prioritarios, tales como educación, salud y desarrollo social los exiguos recursos financieros existentes en la entidad, para más bien pasar a generar una causa en común y gestionar un presupuesto equitativo y digno provisto por la Federación.
Unos meses después, el 26 de noviembre, se anunciaron pasos firmes por parte del Gobierno del Estado para buscar federalizar la nómina educativa, ante lo cual es de reconocerse la perseverancia del poder ejecutivo estatal en exhibir la situación problemática ya inocultable y crítica de las finanzas educativas, acto acompañado de un cabildeo intenso y de acciones paralelas como la presentación de una controversia constitucional y la realización de un foro, las cuales lograron que el tema permaneciera varios meses en la agenda pública nacional hasta que se dio el compromiso de AMLO por resolver la situación mediante la federalización de la nómina educativa.
En este recorrido histórico de una década de duración, en donde ahora está más próxima que nunca la solución a la dolorosa crisis financiera de la educación michoacana debemos de aprender la lección: la ciudadanía es el verdadero garante de que la visión de futuro prevalezca, de que la idea no se abandone y de que los derechos sean progresivos para todos. Este logro, resultado hoy de la coordinación y sensibilidad del ejecutivo estatal y federal nos impele a seguir comprometidos opinando y recomendando en pro del derecho a aprender de los mexicanos. Es momento de visualizar lo que aspiramos que sea la escuela pública michoacana en 10 o 20 años.
Por lo anterior, es importante decir que no basta que el gobierno federal rescate financieramente a la entidad federativa haciéndose cargo temporalmente de la nómina magisterial, hay que remediar el déficit financiero de forma permanente. No basta transferir el cargo del pago de salarios a la federación, sino que hay que garantizar que no haya derechos vulnerados, ni de los trabajadores de la educación ni mucho menos en lo que respecta al supremo derecho a aprender de niñas, niños, adolescentes y jóvenes michoacanos.
Por ello, no basta auditar, reconocer y regularizar el pago de nómina de los trabajadores de la educación, sino que hay que dejar anclajes constitucionales para garantizar que el pago puntual y seguro de un salario digno y remunerador a los maestros sea una obligación permanente para el poder ejecutivo federal y no un privilegio o un acto del ogro filantrópico federal a favor del Michoacán de hoy.
Es momento de aprovechar el impasse legislativo en el que se encuentra la nueva reforma educativa y garantizar que se tendrán los mecanismos certeros y duraderos para que este proceso gestado en nuestra tierra tenga alcances nacionales y derrame sus frutos por las 27 entidades federativas que tienen problemas análogos a los locales en la materia mencionada.
No sería favorable un escenario en el que algún gobernador decidiera apropiarse de la nómina magisterial en aras de control político o de responder a algún compromiso cupular. Igualmente pernicioso sería que posteriormente, algún presidente de la república o su gabinete educativo desconociese la federalización de la nómina, buscando impulsar un ANMEB 2.0. Si se rescata a Michoacán, es momento de que se extienda la solución por los confines de nuestra patria y que tenga un anclaje constitucional para que el derecho a aprender de todos los hijos de México tenga maestros que lo resguarden con su trabajo envuelto en remuneradora dignidad, tal como se lo merecen.
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