De la publicación de un calendario de pagos, comprometido entre la SEP, la SEE y la Sección XVIII de la CNTE, destaca, por principio de cuentas, el nuevo esquema de anunciar acuerdos entre el Gobierno del Estado y la CNTE, ya que es diferente al de administraciones anteriores, época en la que se firmaban minutas; ahora el Comité Ejecutivo Seccional envía un comunicado a las bases de la Sección XVIII de la CNTE, mientras que por otra parte, desde el poder ejecutivo estatal se dan conferencias matutinas para detallar los aspectos convenidos.
La diferencia es notable, así no hay una prueba documental del acuerdo tomado, lo cual deja en temporal estado de indefensión a todos los involucrados con interés legítimo al respecto de los anuncios realizados.
A pesar de ser un acto de comunicación social que tiene revestimiento de ser un logro de carácter histórico, las preocupaciones de esta clase de acuerdos con la CNTE de hace una década siguen siendo las mismas: cuál es el impacto de las acciones en el derecho a aprender, si el acuerdo se allana absolutamente al marco normativo para los actores gubernamentales involucrados, qué tanto se asume un compromiso futuro de los recursos destinados a la educación de nuestros hijos, por qué se omite la transparencia y rendición de cuentas detallada de las acciones anunciadas, la procedencia de los recursos empleados para cumplir con ese calendario de pagos, qué pasará si no se cumple a los docentes en cuanto a su derecho constitucional a recibir un salario conforme a la ley, si a quién se le va a pagar efectivamente ha devengado su salario, si tal programación de pagos se realiza conforme a lo estipulado en la normatividad aplicable en la materia y si habrá consecuencias legales en caso de que se incumpla, entre otras cuestiones que hoy no son en absoluto claras para la sociedad michoacana.
El programa de pagos merece un análisis minucioso, ya que incluye rubros tan escabrosos como la posible erogación de hasta 65 millones de pesos por pagos por servicios eventuales, modalidad en la que, históricamente la CNTE solía meter la mano a fondo para solventar retribuciones a su militancia, la cual, sin siquiera estar incorporada en la nómina educativa formalmente recibían un pago, que podía ser único o programado periódicamente. Hay que verificar si dentro de ese monto están contemplados todos adeudos que se tienen con los trabajadores de la educación que devengaron un salario en forma, así como si pudiera haber casos de aviadores.
Pero más aún, no bastan acciones aisladas como acordar, ni presupuestar, ni siquiera tampoco pagar los adeudos con el magisterio, porque eso sería tan ingenuo como asumir que en el sistema educativo existe una mágica mano invisible que reordenará todo, a la par que significaría que el marco normativo, así como las acciones de política pública están perfectamente diseñadas, que todos los que cobran en la educación michoacana devengan su salario y que no existen redes de corrupción al interior del sistema educativo estatal. Es necesario que se diseñen medidas de política pública inclusivas, transversales e inteligentes para que se resuelvan estructuralmente y de una vez por todas las causas por las cuales nuestro sistema educativo se sumió en una crisis profunda.
Sin dejar de reconocer la ruptura de inercias perversas, también sería altamente honesto aceptar que el derecho a aprender de la niñez y juventud en Michoacán se encuentra en situaciones francamente difíciles, de riesgo, vulnerabilidad y franca transgresión, por lo que se deben tomar decisiones y emprender acciones inmediatas.
Debe de darse paralelamente , un acuerdo de corresponsabilidad entre todos los involucrados y garantizarse que esta regularización de pagos atrasados con el magisterio servirá para que el derecho a aprender esté cabalmente cumplimentado. En caso contrario, simplemente se perpetuará la simulación, la presión hacia el gobierno y los mecanismos de corrupción en torno a los recursos educativos se lubricarán con el arribo de los más de dos mil millones de pesos a Michoacán.
Y queda en el tintero del diseño institucional de la denominada federalización de la nómina magisterial michoacana un concepto muy soslayado: el de gobernanza, que incluye transparencia, democracia, rendición de cuentas y participación ciudadana, entre otros factores. La conformación de una red de políticas públicas, pudiendo tomar la forma de un consejo ciudadano, sería una herramienta fundamental para alcanzar el éxito en la implementación de las medidas de federalización educativa. Sin embargo, siguen pasando los días y la manera de ejercer el poder no indica mayor intención de propiciar relaciones constructivas con la sociedad civil organizada, ni tampoco induce a pensar que se vayan a tomar opiniones, propuestas ni sugerencias de parte de los michoacanos.
Desde Mexicanos Primero Michoacán pedimos, conforme a la ley, se transparenten los rubros señalados y se incorporen más actores institucionales, ciudadanos, magisteriales y sociales, para disminuir la opacidad sobre la cual se están comprometiendo erogaciones por 2 mil 014.5 millones de pesos y eliminar la sospecha de que estamos frente a una nueva generación de minutas convenidas entre la autoridad y fracciones gremiales.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
