Morelia; Michoacán, 13 de septiembre de 2018.- Con el objetivo de disminuir los índices delictivos, garantizar la respuesta pronta y oportuna a las incidencias; así como mejorar la prevención del delito y la percepción de seguridad pública, la LXXIII Legislatura aprobó el decreto mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo la celebración de un contrato de asociación público –privada en materia de Servicios de Video Vigilancia, con un monto de hasta mil 740 millones 725 mil pesos, financiados en doce años, a partir de su contratación.
El proyecto prevé mejorar la coordinación y supervisión de la atención ciudadana por medio de la implementación del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Coordinación (C5), así como la rehabilitación y equipamiento de espacios existentes en nueve Centros de Mando Municipales del Estado de Michoacán, también denominados Subcentros, permitiendo realizar, de manera coordinada, labores de inteligencia, con dependencias municipales, estatales o federales, de forma ágil y oportuna.
Para la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado y su equipamiento, se destinará el monto de 505 mil pesos; para la rehabilitación y equipamiento de 9 subcentros en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, la cifra será de 46 mil pesos.
Asimismo, para la adquisición de mobiliario y equipo de administración del C5 y de los subcentros, el monto etiquetado será de 182 mil pesos; serán 582 mil pesos los destinados para la construcción de las obras y el equipamiento de tecnologías para la instalación y puesta en funcionamiento de la red de fibra óptica y de una red inalámbrica especializada que conformará la Red Hibrida de Transporte de Datos, lo cual incluye la infraestructura de video vigilancia urbana y arcos carreteros; y se invertirán 400 mil pesos en la adquisición de equipos de telecomunicaciones que permitirán conformar una red de telecomunicaciones.
Este Sistema que operará la Secretaría de Seguridad Pública, dará seguimiento a las incidencias, para que sirva como evidencia contundente y pueda ser utilizada durante los procesos de impartición de justicia, tanto de orden Federal como Estatal, fortaleciendo así el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En el 2016, del total de delitos ocurridos, en promedio se denunciaron sólo el 9.3 por ciento, mientras que el restante 90.4 por ciento permanecieron sin ser denunciados, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE), aplicada por el INEGI.
Esta misma encuesta, revela que el 53.4 por ciento de la población de 18 años o más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja a su entidad; por ello, los legisladores atendiendo a las necesidades de los michoacanos buscan mejorar las condiciones de seguridad.
Cabe destacar, que al ser una inversión pública productiva, a través de una Asociación Publica Privada (APP), el Estado no asume riesgos de aumento en los costos de construcción; retrasos en la conclusión de obras; mantenimiento; y los pagos son diferidos, en el mismo periodo de la generación de los beneficios.
Al establecer el monto de obra a precios actuales, el gobierno evita riesgos de futuros incrementos de costo, por alza de precios de insumos de construcción o equipamiento, por ejemplo de procesos de incrementos inflacionarios, tasa de interese de financiamiento o alza en tipo de cambio, riesgo que asumiría a la inversión privada.
Asimismo, entre los beneficios que se esperan del proyecto está que los entes públicos encargados de garantizar la seguridad en el estado, cuenten con servicios de comunicación que logren la interoperación de la infraestructura tecnológica: Video Vigilancia Urbana, Arcos Carreteros y Sistema Administrador de Video (VMS), y con ello, incrementar la capacidad de reacción y coordinación entre las instituciones.
Los diputados, conscientes que las autoridades están obligadas a garantizar la seguridad de la sociedad, así como la plena impartición de justicia, esperan que con este proyecto, se mejore la cobertura en el monitoreo al momento de cometerse un delito, hasta lograr la detención del infractor.
