- El fiscal general del estado, Adrián López Solís, presentó su Plan de Persecución de los Delitos al Congreso del Estado y explicó la necesidad de una ampliación presupuestal.
Morelia, Michoacán.- Priorización y despresurización de los delitos son los dos principios que rigen el Plan de Persecución de los Delitos al Congreso del Estado que presentó el fiscal general del estado, Adrián López Solís, a las comisiones de Seguridad y Justicia. Esto es, priorizar los delitos más graves o con mayor incidencia.
La ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) establece que en un plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor se debe presentar este documento, lo cual se hizo el pasado domingo, de manera que este jueves acudió López Solís a explicarlo personalmente y resolver las dudas de los legisladores al respecto.
En entrevista, el fiscal explicó que se hizo un diagnóstico para determinar cuáles son los delitos que presentan mayor incidencia en la entidad y se determinó una clasificación de los delitos entre los que más se cometen, los que generan un mayor impacto social, los que representan mayores dificultades en la investigación por el grado de complejidad pero no están catalogados como de alto impacto o mayor incidencia y por último, los que representan menor dificultad y mayor volumen. “Se diferencian de acuerdo al catálogo de delitos del Código Penal y la disposición de atenderlos según su naturaleza”, puntualizó López Solís.
De esta manera, se priorizará a los delitos que requieran ser judicializados, ya sea por su gravedad o por la incidencia de los mismos y se despresurizará al buscar que el resto de los delitos se resuelvan mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Es decir, sin llegar a un juicio. A los primeros, agregó, se les designará una mayor cantidad de recursos económicos y humanos.
Los 10 delitos que más se han cometido de 2015 a la fecha en el estado y que por lo tanto tendrán prioridad en la atención son, en orden descendente, robo de vehículo, lesiones dolosas, robo de motocicleta, robo a casa habitación, narcomenudeo, amenazas, robo a comercio, homicidio doloso, robo a chofer repartidor y homicidio culposo.
Por otro lado, indicó el fiscal, será necesario mejorar la función sustantiva del Ministerio Público, de manera que presentar una denuncia resulte más sencillo, se mejoren las condiciones de atención y el servicio en general.
Para ello, aseveró López Solís, será necesario homologar el salario del personal, ya que se cuenta con alrededor de 200 ministerios públicos, peritos y policías que por estar adheridos al sistema tradicional de justicia, ganan menos que los que ingresaron con el nuevo sistema, pero cumplen con las mismas funciones. “No podemos exigirles el mismo trabajo con salario diferenciado y el ingreso como una retribución al esfuerzo se convierte en un aliciente para hacer bien el trabajo. Lo tenemos que resolver así sea de manera gradual”, expuso.
En total, el ingreso adicional al presupuesto que permitiría hacer funcionar de manera adecuada a la FGE es de 500 millones de pesos, 198 millones de ellos serían para la homologación de salarios, 98 millones para renovar el parque vehicular, siete para uniformes, 14 para armamento, 30 para actualización de licencias, software y equipos de servicios periciales y 75 millones para instrumentos de inteligencia par ala investigación criminal.
No obstante, López Solís se dijo consciente de que no se puede pedir un presupuesto que exceda las posibilidades de ingresos del estado ni se puede pretender que hasta que se tengan condiciones la Fiscalía opere. “Si me espero a que esa unidad funcione hasta que haya condiciones óptimas, nunca va a funcionar”, reconoció.
El fiscal refirió que con las últimas reformas la FGE tuvo que crear nuevas fiscalías pero no se le otorgaron recursos para ello, sin embargo, es necesario contar con un recurso para hacer frente al pago de sueldos de las personas que operarán dichas instancias. Tomando eso en cuenta, es que se realizará un reordenamiento de las áreas.
Indepedientemente de si se logra una mayor asignación presupuestal o no, concluyó el fiscal, es importante contar con un diagnóstico de cuáles son las fortalezas y debilidades del organismo autónomo para partiendo de ahí visualizar los retos que se presentan y trazar una ruta adecuada. López Solís informó que dentro de seis meses después de presentado el plan deberá informar sobre los avances de las acciones propuestas y al cumplirse un año rendir un informe general.
