La iniciativa es responsabilidad de las comisiones a las que fue turnada, la de Justicia y la de Salud, señaló la presidenta de la comisión de Igualdad Sustantiva y Género, Lucila Martínez Manríquez
Hasta ahora la comisión de Igualdad Sustantiva y Género en el Congreso del Estado no se ha pronunciado para que las comisiones de Justicia y Salud emitan un dictamen a alguna de las iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto que se presentaron desde el año pasado, a pesar de que ambas ya vencieron los tiempos que marca la ley orgánica del Congreso para ser dictaminadas.
“Yo no lo he hecho pero es parte del compromiso que tiene la comisión de Igualdad Sustantiva”, reconoció la diputada Lucila Martínez Manríquez, quien preside esa comisión, aunque también consideró que quien debería de pugnar porque las iniciativas salgan es el diputado que las propuso, es decir, Norberto Antonio Martínez Soto, o bien la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
“¿Entonces como para qué está la Jucopo? No es solamente para discutir los temas financieros del Congreso que tanto les interesan. Creo que hay otros temas importantes que sí impactan a la sociedad y ellos no se mueven”, criticó la diputada por el PVEM.
Por otro lado, la diputada Zenaida Salvador Brígido, quien forma parte tanto de la comisión de Igualdad Sustantiva y Género como de la de Salud, se dijo a favor de todos los derechos de las mujeres y adelantó que en cuanto el Congreso de la Unión vote a favor de una despenalización a nivel nacional ella presentaría una iniciativa para homologarla. “He visto más abandonos, más maltratos a los niños. No es el camino adecuado pero en muchos casos a veces es necesario”, pronunció la diputada de Morena y reveló que en la comisión de Salud no se han dado condiciones para iniciar una discusión seria: “otra diputada compañera me dijo que si yo hubiera estado de acuerdo con que me abortaran y yo dije que mi mamá era muy libre de hacerlo y si hubiera tomado esa decisión yo no estaría aquí”.
Cabe señalar que la primera de las iniciativas de Martínez Soto, en donde se propone que se descriminalice la interrupción de un embarazo antes de las 12 semanas, se presentó en junio de 2019 y la segunda en octubre de ese mismo año, en donde se propone permitir la objeción de conciencia, es decir, que un médico pueda oponerse a realizar un procedimiento de este tipo, excepto cuando se trate del producto de una violación, en donde se consideraría una urgencia médica.
Esto quiere decir que ambos dictámenes se encuentran fuera de tiempo, ya que la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado establece que las comisiones deben emitir un dictamen, ya sea a favor o en contra, en un máximo de 90 días después de presentada una iniciativa.
