Observadores de derechos humanos de grupos estatales y nacionales emitirán un informe a finales de marzo luego de recabar testimonios en las comunidades de Nahuatzen, advierten violaciones a varios derecho
Colusión entre el crimen organizado, redes de talamontes y elementos de seguridad pública, advierten miembros de los concejos indígenas de distintas comunidades en Nahuatzen, particularmente las que se rigen por usos y costumbres. Es decir Sevina, Arantepacua, Comachuén y la cabecera municipal.
“Los concejos se conformaron por una denuncia de vinculación del ayuntamiento con el crimen organizado y hay testimonios que vinculan a elementos de seguridad pública con el crimen organizado. En este momento de los procesos del desarrollo de la autonomía lo que encontramos es una participación preocupante por parte del ayuntamiento y agresiones que tienen que ver con elementos de seguridad pública”, denunció Claudia Ignacio Álvarez, quien es parte de la Red Solidaria por los Derechos Humanos de Michoacán.
“A mí me han tratado de linchar, me han amenazado con arma de fuego diciéndome que ya deje esto”, declaró María Eugenia Ruiz, miembro del concejo comunal de Comachuén.
“Ya estamos siendo invadidos por la delincuencia organizada, la adquisición ilegal de nuestros territorios, ahora que está habiendo mucha producción de aguacate hemos sido desposeídos. Queremos soluciones, no queremos avivar más la violencia pero la única respuesta que hemos tenido ha sido generar más violencia”.
A través de Ruiz los habitantes hicieron un llamado público al Gobierno del Estado para que se garantice su seguridad durante la consulta que se llevará a cabo el próximo domingo, en donde se repondrá la asamblea que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declaró inválida, en donde se votó por renovar a las autoridades comunales. En esta ocasión, se permitirá participar a los miembros del concejo que se pretende destituir, al que Eugenia Ruiz pertenece.
“Pedimos al gobierno del Estado los concejos que se nos pueda atender para encontrar solución a estas problemáticas donde él pueda incidir directamente y lograr que haya pacificación en Nahuatzen. Que no se esté generando más violencia porque eso no queremos, nuestra lucha por la autodeterminación es para mejorar la calidad de vida de la gente, lo que menos queremos es abonar a la violenci”, expresó la concejera.
Por otro lado, miembros de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos expusieron que luego de un trabajo de más de un año y cuatro días de recabar testimonios, han detectado que existen trabas tanto jurídicas como políticas e incluso violencia de género que impiden que las comunidades indígenas de Nahuatzen ejerzan plenamente su derecho al autogobierno, lo que ve mermados otros derechos humanos, ya que sin presupuesto no se pueden garantizar el derecho a la salud o a la educación.
Entre las demandas de los concejos está la de la liberación de tres miembros del anterior concejo ciudadano de Nahuatzen, quienes fueron juzgados por el delito de sabotaje y se les sentenció a siete años de prisión, resolución que los comuneros apelarán.
También señalaron que no se les han pagado una serie de recursos que datan desde principios del 2019, lo cual consideran una manera de obstaculizar su labor y acusan a la presidenta municipal de Nahuatzen de desacato.
Además, observaron que existen vacíos legales y que es necesario que en los procesos de fiscalización se reconozca como autoridades autónomas a los gobiernos de usos y costumbres, ya que ellos se han visto impedidos para cumplir con sus obligaciones de transparencia debido a que el sistema sólo emite una clave y esa se le otorga al Ayuntamiento de Nahuatzen.
