- El Congreso ha tenido ocho años para regular los mecanismos de fiscalización y administración directa de recursos en las comunidades indígenas y no lo ha hecho, observó el especialista Orlando Aragón Andrade.
Morelia, Michoacán a 24 de abril de 2019.- No se ha dado ni un solo avance legislativo ocho años después de que el municipio de Cherán optara por el autogobierno por usos y costumbres y se pidió que se regulara este ejercicio y a pesar de que la Constitución y tratados internacionales ya establecieron que las comunidades indígenas tienen el derecho de administrar los recursos que les corresponden.
“Ellos son los principales responsables de generar los marcos jurídicos para esas cosas y no lo han hecho, son omisos. Tienen ocho años sin hacerlo y no lo han hecho sospecho por egoísmo, por miedo a que las comunidades se les vayan a los partidos políticos y diría hasta por mezquindad”, manifestó el abogado Orlando Aragón Andrade, quien como parte del colectivo Emancipaciones se ha hecho cargo de los procesos legales de Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua y actualmente Santa Fe de la Laguna.
“En la anterior Legislatura hubo una cerrazón total al tema y en esta se han abierto algunos espacios, hemos tenido algunas reuniones preparatorias pero no nos llevan a establecer con claridad”, prosiguió, aunque advirtió cierto grado de ignorancia, ya que en el Código de Fiscalización que se discutió se establece que quien administre los recursos debe tener propiedades a su nombre, cuando el concepto de propiedad privada no existe entre las comunidades indígenas. “Es tan burdo que denota la ignorancia de los diputados y de sus asesores”, consideró.
Tener un marco legal sólido que dicte los lineamientos precisos podría evitar conflictos entre las comunidades y los presidentes municipales, que a su vez violentan la ley al desacatar resoluciones judiciales en donde se les ordena entregar el recurso que corresponde proporcionalmente a las comunidades. “Habría otros cauces, otros mecanismos, otras reglas que permitirían transitar de manera distinta. Cuando no se generan esas reglas, queda este jaloneo en el terreno político que no debería ser ahí sino de acuerdo a los derechos que tienen las comunidades”, señaló.
Por otro lado, Aragón Andrade acotó que este proceso no tendría que hacerse mediante un juicio y debería de darse directamente, puesto que es un derecho contemplado en tratados internacionales y la propia Constitución y que esta necesidad parte del incumplimiento y el abandono de las autoridades municipales que desde hace años no destinan a obra pública el presupuesto que corresponde a estas autoridades y no hay una autoridad superior que les exija que dejen de concentrar la mayor parte de su presupuesto en las cabeceras municipales. Esto ha derivado, agregó el doctor en Derecho, a que exista una lista larga de comunidades buscando administrar su presupuesto.
“Este problema no existiría si el gobierno municipal destinara el recurso que corresponde a las comunidades a hacer obras, pero como no lo quiere hacer, es el problema. Hay una lista grande de comunidades que lo están buscando por esta situación”, expuso Aragón.
