La comisión de Gobernación, que preside Cristina Portillo y la de Puntos Constitucionales, presidida por Ángel Custodio, consideraron que no procede la solicitud de juicio político contra el gobernador del estado por el decreto de confinamiento obligatorio.
De contar con la aprobación del pleno del Congreso del Estado, se declarará improcedente la solicitud de juicio político en contra del Ejecutivo Federal, Silvano Aureoles Conejo, presentada por un ciudadano debido al decreto de confinamiento obligatorio que actualmente ya no está en vigor.
La comisión de Gobernación, presidida por la diputada de Morena Cristina Portillo Ayala y la de Puntos Constitucionales, presidida por Ángel Custodio, del PRD, consideraron que en el decreto emitido por el Gobierno del Estado el pasado 20 de abril, se consideró el principio pro persona, de modo que se privilegiaron los derechos a la salud y a la vida antes que el de libre tránsito.
El 5 de mayo de este mismo año, el Congreso del Estado recibió una solicitud de juicio político presentada por David Daniel Romero Robles, en representación de Salvador Juárez C., Sergio Ramírez H. Juan Antonio Torres Torres, Sandra Patricia Irepan y otros; aunque de acuerdo con el dictamen, no se acreditó el carácter de representante de Romero Robles.
El escrito argumentaba que el decreto de confinamiento obligatorio iba en contra de los derechos individuales y excedía las atribuciones del gobernador del estado al ir en contra del libre tránsito; en lo cual no coincidieron los legisladores.
“El Decreto dictado por el ejecutivo del Estado es violatorio de las garantías individuales por ende de los derechos humanos en virtud de los siguientes razonamientos: no existen en nuestro Estado las condiciones sociales y económicas para dicha medida, no se puede restringir la realización de las actividades laborales que no se encuentran en las declaradas como actividades esenciales por la federación“, argumentaron los ciudadanos.
Se agregó que también violaba garantías laborales y que no quedaba claro cómo se llevaría a cabo el trabajo social resultado de las sanciones por no acatarlo y si habría algún tipo de compensación para los familiares dependientes de la persona que prestaría el servicio por el tiempo de dejaría de laborar y tachaba al Ejecutivo de “ignorante de la situación que se vive en la entidad”.
Los integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos constitucionales expusieron que el principal objetivo de dicho decreto fue asegurar la subsistencia de los habitantes del estado y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y que: “la preservación del orden público o del interés de la sociedad en general, están por encima del interés del particular que pudiera sentirse afectado“.
“Ningún sistema de salud del mundo está preparado para atender contagios masivos, razón por la cual consideramos que el decreto impugnado, no restringe derechos humanos, sino que aplica las restricciones constitucionales propiamente establecidas, limitación o restricción que sin duda tiene sustento en la ponderación del derecho humano a la salud y a la vida, derecho éste que está por encima del derecho de tránsito”, concluyeron los diputados.
En la sesión que se celebrará este miércoles, última del Segundo Año Legislativo, se someterá este dictamen a la aprobación del pleno, con lo que se daría por concluido en asunto, además de que el decreto en cuestión estuvo vigente durante un período determinado y ya o se renovó.
