Por: Gerardo A. Herrera Pérez
El Índice de Percepción de la Corrupción 2018 realizado por Transparencia Internacional, posiciona a México en el lugar número 138 de 180 países evaluados; esta posición la gana de conformidad con los niveles de percepción de corrupción en el sector público, toda vez que obtuvo una puntuación de 28 de 100, en donde el 0 “es altamente corrupto” y el 100 “es muy limpio”.
Y es que los procesos para atender el fenómeno social de la corrupción lleva tiempo, no se podrá erradicar de la noche a la mañana como escucho muchos lo afirman, es más bien un proceso que será lento, pero espero que sostenido y genere los resultados que muchos de los mexicanos y mexicanas estamos esperando, es decir, transparencia y rendición de cuentas en el combate a la corrupción.
Debo de reconocer que este Gobierno, una de sus principales banderas es ejecutar acciones contra la corrupción, las aplaudo, pero como sociedad necesitamos saber o tener más información de que es lo que se realiza ya en las Fiscalías tanto locales como en la Federal sobre el tema.
El INEGI, realizó en el 2017, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la que arrojó datos que en ese año, el costo total por prácticas de corrupción en pagos, trámites o solicitudes de servicio público fue de 7,218 millones de pesos, lo que representa el 12.5% de cambio respecto de 2015; en tanto que el costo a consecuencia de actos de corrupción en trámites realizados ante autoridades de seguridad pública fue de 1,377 millones de pesos, representando un aumento del 37.3% en relación con el 2015.
Estas prácticas que se viven como normalizadas (el que no tranza no avanza), es preciso que se terminen, y con ello, todos los procesos de corrupción, pero por otro lado, que se fortalezcan los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que no se quiere que se continúe con más comparsa de la que ya se vive en muchas entidades en donde se han cometido actos de corrupción en la compra de bienes o servicios beneficiando a servidores públicos, según se denuncia. Necesitamos que se pase del discurso a la acción y a la integración de las carpetas de investigación.
El tema de la corrupción afecta más aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad, ya que un acto de corrupción eleva el costo de acceso a servicios públicos por un lado, pero por el otro, desincentiva inversiones, lo que genera pocas oportunidades de trabajo y desde luego menores inversiones y su crecimiento.
Que un servidor público realice actos de corrupción, genera violación no solo a un acto detestable y falto de ética y compromiso por el bien común, sino también, afecta a quienes pudieran ser beneficiarios de dichas políticas públicas, es decir, grupos en condiciones de vulnerabilidad como adultos mayores, indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas afrodecendientes, migrantes, personas privadas de su libertad.
El fenómeno de corrupción apunta a la violación de los derechos humanos y libertades de las personas, principalmente de aquellos más pobres, que viven en precariedad, o pobreza extrema o aquellos que son excluidos.
