Denuncia SFA a Ixtláhuac Orihuela por “uso ilícito de atribuciones y facultades”

Política

En enero pasado ya se le había notificado una inhabilitación y un resarcimiernto de más de 12 millones de pesos al Ayuntamiento de Zitácuaro, sin embargo declaró que no importaba si era inocente o culpable pues los delitos habían prescrito.

Morelia, Michoacán, a 3 de abril de 2018.- Por “uso ilícito de atribuciones y facultades” en perjuicio de la Secretaría de Finanzas y Administración y/o el Gobierno del Estado de Michoacán, la directora de los Contencioso de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas, Vanessa Galicia Gutiérrez, presentó denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra de José Antonio Ixtláhuac Orihuela y Sonia Angélica Rivas Espitia, quienes fungieron como presidentes municipales de Zitácuaro entre 2008 y 2011.

Aunque los presuntos ilícitos habrían ocurrido al menos siete años atrás, fue apenas este 28 de marzo que se presentó la denuncia ante la PGJE por hechos que pudieran ser constitutivos de delito durante su ejercicio al frente del Ayuntamiento de Zitácuaro. La denuncia tiene su fundamento en 27 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Apenas en enero pasado el ahora candidato priista al Senado de la República recibió una notificación con folio AMOP-026/2014 por parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en la que se le informaba de una inhabilitación por tres años para ejercer cargos en el servicio público. Junto a la inhabilitación iba un ordenamiento para resarcir 12 millones 39 mil 82.45 pesos al erario municipal, misma cantidad que se le impuso a la presidenta interina y al tesorero municipal mientras él permanecía preso pues fue detenido en “El Michoacanazo”.

En aquel momento, cuestionado sobre si resarció los poco más de 12 millones y si era culpable o no de los desvíos que señalaba la ASM, Ixtláhuac Orihuela dijo que no importaba si era inocente o no, pues el tiempo para inhabilitarlos ya había prescrito. Acusó entonces un uso político de las instituciones por parte del Gobierno del estado.

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