Una ex trabajadora de la ASM presentó una denuncia ante la FGE porque aparentemente alguien sigue cobrando en su nombre a pesar de que ella dejó de laborar ahí desde 2019
Al percatarse de que se le estaba señalando en notas periodísticas como aviadora del Congreso del Estado, Rosario Inés Piñón Escamilla presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, ya que sospecha que alguien podría estar cobrando en su nombre.
La ex trabajadora dijo no haber otorgado ningún permiso para que otra persona cobre por ella y agregó que cuando se le dio de baja a finales de 2019 no se le pagaron las prestaciones de ley que correspondían, a pesar de que se desempeñó como auditora desde 1998, cuando aprobó un examen de conocimientos.
Hace unos días, Piñón Escamilla, en una nota periodística vio su nombre en un listado de personas que presuntamente cobran sin trabajar en el Congreso del Estado, pero dado que no ha percibido estos recursos, se acercó al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para buscar asesoría, por lo que se le acompañó a presentar su denuncia ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
La presidenta del CPC, Elvia Higuera Pérez, lamentó que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), en donde estaba adscrita Piñón, se haya convertido en una agencia de colocaciones para los diputados y denunció que incluso hay legisladores que piden un porcentaje de su sueldo a los trabajadores que colocaron.
Consideró que se podría estar ante un tema de desvío de recursos y confió en que la Fiscalía General del Estado hará las investigaciones correspondientes.
“Y que una vez que se determinen responsabilidades haya una sanción que nos permita ir eliminando conductas inapropiadas”, externó y advirtió que de no hacerse de esa manera, el CPC del SEA lo denunciaría, ya que dará seguimiento a este caso.
Higuera Pérez señaló que de los 16 nombres que aparecen en la nota periodística referida, podría haber más situaciones como ésta y que no sólo en estos espacios se da el caso de trabajadores que cobran sin laborar, sino que también se han detectado casos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pero que el temor a las represalias inhibe las denuncias.
