La FGE implementó una estrategia de despresurización de expedientes y priorizó la reducción de archivo temporal de expedientes, la resolución por medios alternativos y el incremento de judicialización de carpetas.
Parte del Plan de Persecusión del Delito en Michoacán comprende reducir el archivo temporal de carpetas de investigación, el incremento de judicialización y la resolución de conflictos por vías alternativas, expuso el fiscal general estatal, Adrián López Solís, durante la entrega de su Segundo Informe de resultados de este plan.
Ante varios diputados de la LXXIV Legislatura del Congreso local, López Solís reconoció que existe un déficit de justicia, tanto en Michoacán como en el país y consideró que todavía se está en deuda con las víctimas.
“Con las personas que han sido víctimas de un delito tenemos un pendiente y hay mucho por hacer”, expresó el fiscal general del estado.
Adrián López Solís explicó que se estableció un sistema de indicadores para evaluar el desempeño del Plan de Persecución de Delitos, consistentes en la resolución de carpetas de investigación y en una segunda fase, el desempeño de las áreas de litigación y las tareas de los policías de investigación.
“[Estos indicadores] han permitido pasar de una visión burocrática y tramitológica en el tratamiento de los casos que conoce el Ministerio Público y sus auxiliares a una visión más objetiva, más eficiente y que busca dar mejores resultados”, destacó el fiscal.
De acuerdo con el informe, los datos para medir estos indicadores se obtienen mensualmente del Sistema Integral de Registro Estadístico (SIRE) y se compara cada semestre con el mismo período de tiempo del año anterior.
De este modo, se obtuvo que: “en el periodo de enero a junio de 2020 se determinaron 29 mil 208 carpetas de investigación, de éstas el 44.5 por ciento (12 mil 299) se resolvió a través del archivo temporal; el 7.1 por ciento (2 mil 60) fueron judicializadas; el 22 por ciento (6 mil 566) fueron remitidas a Mediación y Conciliación y el 17 por ciento (5 mil 93) se decretó el no ejercicio de la acción penal”.
Estos resultados reflejan un descenso en el número de carpetas que se envían al archivo temporal con respecto al año anterior y un incremento en la judicialización de asuntos. Son indicadores positivos, observó López Solís, aunque todavía hay trabajo qué hacer al respecto.
Para López Solís, el archivo temporal se había convertido en una mala práctica: “en los hechos significaba no volver a investigar y negarle al ciudadano la posibilidad de tener justicia”.
Si bien se logró disminuir en 25 por ciento el archivo temporal, señaló el fiscal, esto no es suficiente, ya que en este estado se encuentran el 44.5 por ciento de las carpetas de investigación que se iniciaron este año.
“Eso no nos satisface, no nos convence de manera plena, no nos enorgullece, pero es un indicador de que sí podemos darle un tratamiento distinto”, manifestó López Solís.
En el mismo sentido, López Solís expuso que se judicializaron 2 mil 60 carpetas de investigación, lo que representa el doble con respecto a 2019, mientras que se espera cerrar el año con 4 mil carpetas judicializadas, lo que significaría un 300 por ciento más en comparación con el último año de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
López Solís destacó también que como parte de la estrategia de despresurización se incrementaron los casos resueltos por mecanismos de resolución de controversias alternativos, como la mediación, que incrementó en un 128 por ciento al pasar de mil 200 a 3 mil 81 acuerdos.
Informó que se gestionaron dos proyectos con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal y se obtuvo una respuesta favorable: un centro de justicia para mujeres en Uruapan, que obtendrá una inversión de recursos federales de 12 millones de pesos y un panteón forense, para el que se destinarán 18 millones de pesos.
