Dictaminan 10 iniciativas en Puntos Constitucionales

Boletín Congreso Local Principal

De 10 iniciativas analizadas, seis obtuvieron el ha lugar y cuatro no, por lo que se analizará en el pleno desecharlas. Entre las que pasaron y se turnarán a comisiones están la que impide discriminar a alguien por su oficio y la que propone eliminar la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

La Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, que preside el diputado Ángel Custodio Virrueta García, analizó y dictaminó la procedencia de 10 iniciativas de reforma, de las que seis obtuvieron el ha lugar.

El diputado presidente expuso que entre las iniciativas, que este día se le dio el ha lugar, se encuentra, la que tiene como objetivo incorporar en la Constitución que nadie puede ser discriminado por el trabajo y oficio que ejerza; dicha propuesta no contraviene las facultades del Congreso de la Unión, las cuales se establecen en los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución General; aunado a ello, se sustenta en el párrafo primero del artículo 1° de dicha normativa, en la progresividad y amplitud de los derechos humanos de la persona.

Ángel Custodio Virrueta, presidente de la Comisión, resaltó el trabajo que en coordinación se realiza con sus compañeros diputados Alfredo Ramírez Bedolla, Marco Polo Aguirre, Javier Estrada Cárdenas y Brenda Fabiola Fraga, con el compromiso de no acumular rezago y dictaminar de manera oportuna las propuestas.

Otra de las propuestas que obtuvo el ha lugar, destacó que fue la iniciativa con la que se plantea quitar como requisito para ocupar el cargo de diputado, así como también el de diferentes servidores de la administración pública, el ser ciudadano mexicano por nacimiento e incorpora lenguaje inclusivo para ambos sexos, para lo que se debe reformar la Constitución y diversas leyes.

Dicha iniciativa se encuentra bajo los lineamientos que marca el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece en su artículo 26 que dice: “se garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Ángel Custodio Virrueta informó que se dio el ha lugar también a la iniciativa que pretende que el informe que presente el Gobernador del Estado, lo haga también de manera digital, así como también señalando la vinculación de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y cada uno de los Programas Sociales, estableciendo en su caso las incidencias por las que éste se hubiese modificado y proponiendo los medios para mejorarla.

De igual forma, se declaró la procedencia de la iniciativa de reformas, por la que se propone que a más tardar el primero de enero de cada año, se presente un informe pormenorizado por escrito, en el que indique el estado general que guarde la Administración Pública del Estado, en el que informará con precisión con sus anexos técnicos, el ejercicio del presupuesto y su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo del año fiscal próximo anterior, señalado el periodo que se informa y estableciendo en su caso, las incidencias por las que éste se hubiese modificado y proponiendo los medios para mejorarla.

Asimismo se dio el ha lugar, a la propuesta tiene el objetivo de incorporar que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición.

De la misma forma, procedió la iniciativa tiene como objetivo, eliminar la Junta de Conciliación de Arbitraje y que la función conciliatoria este a cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado, el cual será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y presupuestaria, y patrimonio propio; el titular de dicho Centro, será elegido por el Congreso del Estado, mediante una terna enviada por el Ejecutivo Estatal.

Con dicha propuesta, se le da la facultad al Congreso para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral. En este sentido, también le da competencia al Tribunal de Justicia del Estado para conocer de los asuntos laborales, creando con ello los Tribunales Laborales.

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