Diputados aprueban el dictamen de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado

Congreso Local Principal
  • Se prevé que el documento se turne al pleno legislativo este jueves 7 de febrero.

Morelia, Michoacán a 05 de febrero de 2019.- Con una serie de anexos los diputados integrantes de la comisión de Justicia del congreso local, aprobaron por unanimidad el dictamen relativo a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, misma que se prevé se presentará al pleno legislativo el próximo jueves.

En el documento se anexó la creación de un Consejo Consultivo integrado por tres ciudadanos y un representante de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de tres nuevas fiscalías especializadas, con competencia territorial en todo el estado: La de Atención a Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos; Desaparición Forzada de Personas; y, la de Asuntos Internos, esta última encargada de dar seguimiento a delitos cometidos por servidores públicos.

Se incluyó que durante el periodo electoral se constituirá una Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales, misma que establece que para la elección del titular del órgano interno de control, el nuevo fiscal emitirá la convocatoria respectiva; el Consejo Consultivo aprobará una terna; y, el poder legislativo definirá el nombramiento.

También se detalló que el tema del Servicio Profesional de Carrera por medio de la cual darán prioridad a los exámenes de certificación y confianza del Sistema de Seguridad Pública; mientras que la Fiscalía Anticorrupción contará con un apartado especial en el Presupuesto de Egresos que envía el Ejecutivo Estatal y titular del Ejecutivo y el fiscal decidirán la reubicación de los trabajadores sindicalizados actualmente asignados a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Congreso deMichoacán / Foto: ACG

Uno de los candados para la figura del fiscal general, será que podrá ser removido en caso de incurrir en alguna irresponsabilidad administrativa, pues aunque el periodo por el que será electo será de nueve años, al menos las dos terceras partes de los legisladores locales tendrán la facultad de removerlo de su cargo.

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