Algunos legisladores están considerando interponer un recurso legal porque consideran que el decreto que emitió el Ejecutivo no tiene fundamento jurídico, otros justifican la decisión del gobernador.
Algunos diputados de Morena consideran interponer un recurso legal ante la controversia constitucional que consideran que representa el que el Ejecutivo haya emitido un decreto para disolver la Junta Local de Caminos (JLC), lo cual, aseguran, es una atribución del Poder Legislativo.
En ello coincidieron el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz estrada y la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Portillo Ayala.
Madriz indicó que esperará a que la comisión de Gobernación tome una determinación al respecto y acuerde una reacción coordinada con los trabajadores, para luego buscar qué otros legiladores podrían estar de acuerdo. Portillo Ayala puntualizó que se requiere del aval de al menos 14 diputados para interponer este recurso.
Portillo, así como el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Eduardo Orihuela Estefan, consideraron que se trató de una falta de respeto por parte del Ejecutivo, mientras que Madriz manifestó que desde su perspectiva se trata de una mala asesoría por parte de su equipo de trabajo.
“Tenemos que buscar el instrumento jurídico peor yo roe que lo que esto demuestra es que hay una falta de comunicación. No llegamos a acuerdos y se toman decisiones unilaterales”, fue la postura de Orihuela, quien hizo un llamado a sus compañeros de Legislatura a retomar el diálogo con el Ejecutivo y a éste a reconsiderar su decisión.
“Hoy pareciera que hay una disputa entre Morena y el Gobierno del Estado y que son venciditas a ver quién puede más. Creo que tenemos que jalar todos para el mismo lado, estas decisiones a nadie ayudan porque generan una dinámica de confrontación que el estado no necesita. Ya tenemos suficientes problemas como par entrar en esas cuestiones”, expresó el diputado priista.
Por otro lado, el diputado por el PRD Antonio Soto Sánchez y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Estrada Cárdenas, sostuvieron que ante una inacción y falta de consenso por parte del Legislativo, el Ejecutivo tuvo que tomar acciones.
Estrada Cárdenas expuso que se revisará si jurídicamente existe una omisión pero consideró que a nivel político era lo que correspondía, ya que así el Legislativo se librará del costo político de tomar la decisión de disolver la JLC.
“El Ejecutivo al fina sume su responsabilidad con esta gente. No es la mejor manera ni es lo que nosotros quisiéramos, nosotros criticamos el desempleo que generó a nivel federal los despidos que hicieron en la federación pero se tenía en la incertidumbre a la gente de la JLC”, expuso el coordinador parlamentario del PAN.
Soto Sánchez, por su parte, culpabilizó a la presidenta de la comisión de Gobernación de no haber comenzado a dictaminar a tiempo la iniciativa y una vez concluido el plazo legal de tres meses no haber solicitado al pleno una prórroga, por lo que cualquier determinación que se hubiera tomado, observó, habría resultado inválida.
