Por: Erik Avilés Martínez
Para el liberal independentista José María Morelos y Pavón era de vital importancia lograr “que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero como a los del más rico hacendado y dueño de minas”. A más de dos siglos de la publicación de sus Sentimientos de la Nación, continúa siendo un pendiente histórico conseguir que el derecho a aprender sea una garantía cabal para cada mexicano. El sistema educativo nacional demuestra a través de sus indicadores ser una piramidal escalera social por la cual muy pocos logran ascender.
Es impensable que se logren combatir con éxito la corrupción y la impunidad rampantes en nuestro país si desde el sector educativo no se consigue propiciar la victoria. Deben ser el talento y el esfuerzo personal los factores que determinen la biografía de cada mexicano y no el oportunismo ni el privilegio del que gocen.
Alcanzar el objetivo de que el derecho a aprender sea una realidad viviente para cada mexicano va mucho más allá de analizar medidas como la descentralización de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública o de entregarse al natural ímpetu revisionista que posee toda persona que está próxima a recibir un cargo público. Colocar el interés superior de los mexicanos al centro de cada decisión que se tome en materia educativa es un acto inaplazable.
Pero para lograr que, más allá del esfuerzo educador que se realice desde el sistema educativo, se genere un cambio social que prepondere la cultura del esfuerzo y la meritocracia, es necesario desterrar la corrupción y la impunidad desde su raíz: la del privilegio, el cual implica tomar ventaja de partir de condiciones favorables para aprovecharse de sus semejantes.
Pretender asegurar la existencia de nuestros hijos sin exigirles trabajo ni estudio de por medio es un afán que constituye un sólido escalón para la desigualdad social y el abuso.
La educación es un arma formidable para destruir el privilegio, al colocar a los seres humanos en posiciones similares, de tal forma que sean el trabajo, el estudio, el talento y la virtud los factores diferenciadores entre las personas
La educación pública, universal, popular, gratuita, de calidad y laica desde la formación inicial hasta el posgrado es un ideal a alcanzar y un derecho irrenunciable, sobre el cual no se debe retroceder en medida alguna. Constituye un formidable motor de movilidad social que solamente podrá operar con la suma de todas las voluntades posibles, la cual proveerá también de la sinergia que requiere una cruzada andragógica en materia de lectoescritura que por fin destierre el analfabetismo de nuestra nación y de Michoacán, sin simulación alguna.
Hoy, desde la dolorosa experiencia michoacana, sabemos que, sin un diseño adecuado, integral y sin la participación corresponsable de todos los actores clave, la promesa de educación superior gratuita y universal, resultaría ser, por lo menos, utópica.
Nuestra entidad ha reducido al absurdo, de facto, tan bienintencionada medida durante años, al no contarse con suficiencia presupuestal. Hoy, en Michoacán solo hay butacas disponibles en las aulas universitarias públicas y privadas para uno de cada cuatro jóvenes en edad de cursar educación superior. El sistema educativo es exhibido de esta manera como piramidal.
Es necesario realizar acciones para gestar el cambio social a largo plazo mediante la educación popular que resuelva las inequidades que el modelo económico genera, ponderando el derecho a aprender en toda su integralidad y debida dimensión.
Por todo lo anterior, es imprescindible construir política pública factible y realista, la cual, con base en los recursos disponibles, en la temporalidad fijada y con los alcances estipulados, que sean acordes con los objetivos y metas trazados sea capaz de transformar el horizonte posible.
Para educar contra el privilegio, el abuso, la corrupción y la impunidad es necesario partir de la utopía a la realidad; de lo contrario, solamente se estarán enquistando más esos flagelos en nuestra idiosincrasia nacional.
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