El diputado local consideró que no se trató de una iniciativa propia del gobernador del estado e insistió en su llamado a que se dé marcha atrás al decreto
Los diputados locales de Morena no están de acuerdo con las medidas decretadas por el Gobierno del Estado para sancionar a los ciudadanos que no respeten el aislamiento obligatorio, insistió Alfredo Ramírez Bedolla, a pesar de que un Tribunal Colegiado resolvió revocar la suspensión del decreto para los ciudadanos que se ampararon.
“En Jalisco lo decretaron, el gobernador es un gobernador de ultraderecha. Aquí también lo decretaron pero son los únicos dos estados. Yo creo que aquí fue más por copiar a Jalisco que por una iniciativa propia del Gobernador de Michoacán”, opinó el diputado local.
De acuerdo con Ramírez Bedolla, los amparos interpuestos contra el decreto “se ganaron”, cuando en realidad el proceso no ha iniciado siquiera, ya que los juzgados del Poder Judicial de la Federación (TJF) se encuentran con sus labores suspendidas y las retomarán hasta el 6 de mayo.
Lo que “ganaron” algunos de quienes se ampararon fue una suspensión del decreto como una medida cautelar, misma que fue revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo y entre los argumentos para dictar está medida está que la misma Federación ordenó la revocación de esa suspensión, entre otras cosas porque fue la misma Federación la que mandó a los estados limitar la movilidad.
“No fue un tribunal colegiado, fue un tribunal de justicia del área administrativa”, afirmó Ramírez Bedolla e insistió en que se debe apelar a la voluntad de los ciudadanos de quedarse en casa para evitar la confrontación con los elementos policiales, a quienes señaló de extorsionar a los ciudadanos.
El acuerdo que emitió la Secretaría de Salud a nivel nacional y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de abril, ordena a los gobernadores “establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios”, aun así, el legislador tachó de fascista esta medida.
“No podemos aplicar medidas fascistas, autoritarias, queriendo obligar a la población a algo que debe ser estrictamente voluntario”, subrayó y aludió a la discusión de algunos amparos de que podría resultar inconstitucional porque sólo el Presidente de la República con aval del Congreso puede declarar un estado de excepción, aunque ya en la argumentación del Tribunal Colegiado se apuntó que en este caso no se trata de un estado de excepción sino de medidas de prevención ante una epidemia, que la Ley General de Salud contempla y establece precisamente entre ellas la reducción de la movilidad para evitar contagios.
