Mujeres sin acceso a servicios de salud, de educación y en pobreza extrema son las más afectadas. Algunas de ellas resultan incluso encarceladas, subrayó la especialista.
Tendría que revisarse la ley para que no haya ciudadanas “de primera” o “de segunda”, ya que en el país no se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de todas las ciudadanas, siendo más afectadas las que viven en condiciones de vulnerabilidad, destacó la académica Lourdes Enríquez durante el foro “Regulación, estigma y sentencia social: la difícil decisión de una mujer”, al que convocó el diputado por el PRD Norberto Antonio Martínez Soto.
“Tenemos que ver de qué manera la ley no se ensañe con las mujeres, sobretodo las más débiles, desaventajadas, vulnerables, que no pudieron gozar de los derechos de los pactos que ha firmado nuestro país. Mujeres que no conocen su cuerpo, que muchas de ellas no reciben ya no digamos atención en salud sino tampoco en educación, no tienen buena alimentación, viven en condiciones de probreza”, expresó la ponente.
Ello derivado de que quienes resultan sancionadas, con lesiones de por vida o inclusive muertas son las mujeres que no pueden acudir a una interrupción legal del embarazo puesto que no tienen los medios económicos para trasladarse a la Ciudad de México o bien que no conocen las causales de exclusión que se establecen en el Código Penal de la entidad, como el de extrema pobreza y ante las cuales podrían pedir un procedimiento de estas características y por tanto recurren a procedimientos clandestinos.
“Que no haya mujeres de primera, de segunda y de tercera, unas privadas de la libertad acusadas de homicidio, mujeres que tienen lesiones por haber ido a un lugar no higiénico y mujeres de primera que son las que pueden tomar decisiones informadas sobre su cuerpo en materia de salud sexual y salud reproductiva”, planteó.
En las cárceles del país, expuso Enríquez, hay mujeres que fueron condenadas no por aborto, que en la mayor parte de los estados es un delito menor, sino por homicidio en razón de parentesco, infanticidio o filicidio y suelen ser las mismas instituciones de salud pública quienes las denuncian, luego de acuden a los servicios de emergencia debido a las complicaciones de abortos mal realizados.
Algunas de estas mujeres, apuntó la académica, sufrieron abortos espontáneos y no son imputables, pero al no saber hablar español carecen de elementos para defenderse o entender su situación. “En Michoacán todos hablamos Español”, interrumpió uno de los asistentes, identificados con grupos provida.
Lourdes Enríquez apuntó que en tratados internacionales que nuestro país ha signado desde los años noventa se habla de la necesidad de que el Estado garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los del libre desarrollo de la personalidad, y esto contempla que puedan tener un plan de vida acorde con sus intereses y necesidades.
Otro de los asistentes cuestionó el por qué México tendría que atenerse a estos pactos y alegó que existe una autonomía en cada país, pero se le recordó que desde las reformas constitucionales de 2011, “los pactos internacionales son vinculantes y nuestro país tiene que cumplirlos”.
Apuntó que la salud reproductiva es parte de los objetivos de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que no se refiere únicamente a la libre maternidad sino también al embarazo, puerperio, lactancia, fertilidad, reproducción asistida, violencia sexual, violencia patrimonial y económica, institucional, integridad física y otras y que estás violencias se pueden ejercer tanto en el hogar, como en entornos laborales y educativos e incluso a nivel institucional, cuando se niega a una mujer el ejercicio de sus derecho de acuerdo con la normativa de su propia entidad.
“Toda persona es libre de tomar decisiones sobre el número y espaciamiento de sus hijos” subrayó Lourdes Enríquez y consideró que a nadie se le debe “ torturar y obligar a que lleve a término un embarazo que va contra su voluntad y su libertad”.
