Por: Gerardo A. Herrera Pérez
Cada vez que es asesinado un periodista, o es víctima de violencia, muere la sociedad. Sí, muere la sociedad, porque son éstos los que informan. México se posiciona en América Latina como el país de mayor violencia contra los periodistas, situación que vulnera el derecho a la libertad de expresión. Hoy ser periodista en México, algunos lugares más que otros, hacen de su ejercicio que se realice en el marco de seguridad personal.
La libertad de expresión y en general todas las libertades de las personas son fundamentales para el desarrollo; desafortunadamente en México ejercer la libertad de expresión continua siendo un riesgo ya que de conformidad con datos del Órgano Constitucional de Derechos Humanos del Estado mexicano, existen 148 periodistas asesinados durante el presente siglo, así como 21 periodistas desaparecidos desde 2005.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado mexicano, el hacerlo, permitirá fortalecer a la sociedad, y desde luego evitar que se continúen sucediendo actos de violencia contra comunicadores; durante el presente año ya hay casos que continúan evidenciando la necesidad de reorientar o rediseñar la política pública para la atención y protección de los comunicadores.
Algunas entidades federativas, se destacan por la violencia que han estado viviendo periodistas, es decir, son entidades en donde se concentra el peligro de ejercer esta bella profesión de la comunicación: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua. Pero no es solo este el problema de identificar las áreas de riesgo de ejercer la profesión, sino la impunidad, y el derecho de los familiares a conocer la verdad y que se realice justicia sobre dichos casos.
Los comunicadores en general, requieren de ejercer su profesión en condiciones de seguridad y en plena libertad de sus derechos, pero para eso requieren de un gran compromiso del Estado mexicano para que se cumplan los protocolos de atención a comunicadores y defensores de los derechos humanos, pero sobre todo como lo ha expresado el Ombudsman Nacional que las autoridades asuman sus compromisos “promoviendo el debate público, respetando el disenso y tomándolo como base para la construcción de consensos”.En este contexto, recientemente la CNDH presentó la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión” (solo en algunas partes de la República mexicana), misma que se transmite a través de medios de comunicación para posicionar el tema y que permita llamar la atención sobre la importancia que este derecho tiene para la sociedad, así como este informada de las agresiones diferenciadas que sufren las mujeres periodistas y la necesidad de que las autoridades de las fiscalías investiguen cualquier tipo de crímenes o de violencia en contra de éstos.
Por otro lado, la reciente visita de la señora Michelle Bachelet, representante de la Oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió comunicado a la Cancillería en la que plantea distintos escenarios que requiere que el Estado mexicano se adelante, entre ellos destacó la necesidad de contar con un plan de acción integral de atención a la problemática que vive el País. Durante su visita a México, expresó respecto a los periodistas, la importancia de protegerlos contra la violencia, principalmente a las mujeres periodistas, para asegurar que el gremio del periodismo pueda desarrollar “su labor libre de intimidación, hostigamiento y ataques, así como una mayor mejora del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
No basta la conmemoración correspondiente, sin que se apliquen por parte de las autoridades las medidas de prevención y los mecanismos ya aprobados para la protección de los comunicadores, la sociedad no puede seguir muriendo cada vez que muere un comunicador.
