“En un sistema institucional como el nuestro delegamos la toma de decisiones, el control de los recursos económicos, el monopolio de la fuerza en el Estado, lo mínimo que podemos hacer es preservarnos el derecho de criticar a aquellos en los que hemos delegado todo”. Roberto Gargarella
Por: Rosmi Bonilla Ureña
Hace algunos días, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción recibió la invitación de los diputados Miriam Tinoco y Ernesto Núñez para instalar una mesa de análisis y trabajo sobre posibles reformas a la Ley del Sistema.
En días previos, el Comité había trabajado, de manera colegiada, en una propuesta técnica que, aprovechando la invitación, se presentó a los diputados mencionados y a la diputada Cristina Portilla quien mostró interés en el tema.
Con el apoyo del Dr. Marco Antonio Tinoco, quien preside la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción, se elaboró una propuesta que asemeja al Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción con el Consejo, también Ciudadano, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La idea es acompañar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, instancia que sí maneja recursos públicos (a diferencia del Comité Ciudadano) en la toma de decisiones administrativas y de impacto en el ejercicio de sus funciones.
También se propone que sean los ciudadanos que integran el Comité quienes designen al titular del Órgano de Control Interno y que el Comité Coordinador, máximo órgano de dirección del Sistema, integrado por 9 funcionarios, atienda todas las solicitudes y propuestas que emita el Comité Ciudadano.
Con estas reformas, se pretende que los ciudadanos tengan mayor peso e importancia dentro del Sistema que, si bien, abre espacios para que la sociedad participe en la prevención, control y combate a la corrupción; no otorga a la ciudadanía un poder absoluto sobre el tema.
Y está bien. Para prevenir, controlar y combatir la corrupción hay dependencias que existen desde hace muchos años como la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior de Michoacán y otras que nacieron a principios de este siglo como el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso al Información y Protección de Datos Personales.
Sin embargo, aunque los ciudadanos no son quienes, al final, toman las decisiones sobre la lucha contra la corrupción; sí son el Gran Hermano, el vigilante del Sistema; quien debe garantizar que las instituciones que lo conforman funcionen y cumplan con sus tareas.
Entre sus varias atribuciones, el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción tiene dos fundamentales: la primera es vigilar que el Sistema funcione; y, la segunda (no menos importante) ser el canal, el vínculo entre la sociedad y las instituciones que integran el Sistema Anticorrupción.
Es por ello que el papel del Comité Ciudadano es tan importante para la “ciudadanización” de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la legislación como está actualmente, deja al aire y hasta a voluntad de quienes integran el Sistema; la aceptación de las propuestas, recomendaciones y sugerencias del Comité Ciudadano.
Es por ello que, con prácticamente un año de experiencia en la construcción del Sistema, el Comité Ciudadano planteó una serie de propuestas de reforma que buscan fortalecer la participación ciudadana dentro del propio Sistema.
No se trata, de momento, de que sea el Comité Ciudadano quien asuma la toma de decisiones porque para eso están las instituciones que conforman al Sistema Anticorrupción. Se trata de que los ciudadanos tengamos acceso, pero sobre todo, injerencia en la toma de decisiones.
Seré honesta y diré que a varios integrantes del Sistema, funcionarios y representantes populares les dio temor, en un primer momento, que el Comité Ciudadano presentara propuestas de reforma; sin embargo, si usted se toma el tiempo de analizar nuestro documento, disponible a través de la redes sociales del Comité de Participación Ciudadana (CPC Michoacán), podrá constatar que se trata solamente de fortalecer el papel de los ciudadanos en la lucha anticorrupción y no de cambiar roles, responsabilidades y atribuciones.
Cada institución que conforma el Sistema Anticorrupción tiene una labor particular en el combate a este terrible mal. La nuestra, vigilar que el Sistema funcione y vincularlo con la ciudadanía, se ha cumplido; a pesar de mucho y de muchos.
