- El fiscal general del estado, Adrián López Solís, confirmó que se acató un mandato judicial. Indicó que no se registraron lesionados.
Esta madrugada, en un operativo en el que participaron elementos de la fiscalía, la policía estatal y la municipal, se logró el desalojo de más de 600 personas que habían invadido un predio de propiedad privada. De acuerdo con el fiscal general del estado, Adrián López Solís, se detuvo a tres personas y no se reportó lesionados.
El operativo se llevó a cabo a las 3:00 horas de este jueves, precisó el fiscal, en presencia de un observador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como parte del cumplimiento de una sentencia.
De acuerdo con López Solís en dos ocasiones previas se intentó un desalojo pero ante la oposición de las personas que invadieron el espacio se optó por evitar la confrontación para que no se presentaran situaciones qué lamentar.
Por ello fue que en esta ocasión se contó con el apoyo de 400 elementos de la policía estatal, 200 de la policía municipal y 200 de la FGE, así como 90 peritos.
“Se tomaron todas las medidas para evitar afectar los derechos de las personas”, aseguró el fiscal. “Hubo intentos de resistir, hubo agresiones al personal policial, se arrojaron piedras y palos, alrededor de 70 individuos fueron replegados. Al ver la fuerza de la autoridad, algunos optaron por retirarse por su cuenta, otros se considera acto de flagrancia y se inició carpeta de investigación”, narró.
Algunos de los presuntos invasores, explicó López Solís, alegaron que los espacios se los vendió una persona, que es contra quien se giró la orden de aprehensión y ahora se encuentra en prisión preventiva. Otra razón que argumentaban es que no tienen dónde vivir.
“No es nuestro papel el juzgar las razones por las cuales las personas hacen estas cosas- Lo cierto es que si hay una querella y está establecida la existencia legítima de un derecho y un juez de control autoriza que se restituya este derecho a favor de las víctimas, es parte de este modelo de justicia que se repare el daño a la víctima y el agresor no quede impune”, indicó López Solís.
Consideró que si bien esta acción sienta un precedente y emite el mensaje de que se está mitigando la impunidad, se actuó derivado de una orden judicial y no por cuenta propia.
