Una de las mejores noticias de la historia de México en pro del aprendizaje inclusivo se dio el pasado miércoles 22, proveniente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos cinco integrantes resolvieron por unanimidad que Citlali, niña indígena con discapacidad, podrá ejercer su derecho a estar, participar y aprender en la escuela sin ser discriminada, debiendo contar con todos los apoyos, materiales y ajustes necesarios para tales efectos.
De aquí en adelante será obligación de la SEP adaptarse a las condiciones de la menor y no de Citlali adaptarse a las condiciones institucionales.
De aquí en adelante, la lógica a seguir desde el poder ejecutivo debe ser impulsar el empoderamiento de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país, así como fomentar el propio desarrollo institucional para poder atender a todos los niños del país. Sería profundamente incorrecto abandonar la labor y limitarse a extender una beca mensual para Citlali o hacer una honrosa excepción con ella, brindándole trato preferencial respecto a personas en condiciones similares a las suyas. La mejor manera de que los jóvenes construyan el futuro es mediante el desarrollo de sus potencialidades.
Sin duda, hay mucho por recorrer para lograr que todos, absolutamente todos estén, aprendan y participen en la escuela. Nuestra tierra no es la excepción. En Michoacán hay muchos casos de abuso, de discriminación y de segregación en las escuelas, de todos los niveles y modalidades de sostenimiento.
Para muestra de que nuestro sistema educativo es aún altamente excluyente tengamos en cuenta los siguientes tres aspectos: que la Secretaría de Educación en el Estado continúa en segundo lugar en quejas presentadas en su contra en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solamente por debajo de la Secretaría de Seguridad Pública; aunado a lo anterior, recordemos que de cada 100 niños que ingresan a primero de primaria solamente 8 se gradúan en tiempo y forma de una carrera universitaria; asimismo, Michoacán aún no alcanza los mínimos 9 años de escolaridad promedio que permitirían considerar que colectivamente estamos saliendo del rezago educativo.
Visto positivamente, el área de crecimiento para la ruta por la justiciabilidad del derecho a la educación en la entidad es inmensa. Además de las acciones legales de rigor a emprenderse, también presupuestar será clave para hacer que las cosas sucedan. De muy poco sirve una legislación progresista y resoluciones garantistas de la Corte, si no hay recursos suficientes para cumplir los mandatos. La inversión pública no se radica y ejecuta por generación espontánea, sino que el Estado debe realizar la función administrativa para que las acciones gubernamentales garanticen el derecho a aprender de todas las personas.
Un gobierno congruente atiende los mandatos legales para programar y presupuestar en consecuencia de lo mandatado, con suficiente antelación y previsoriamente. Un gobierno de ocurrencias, ideas y discursos suele dejar sin suficiencia presupuestal los propios compromisos, trasladando los problemas para ejercicios posteriores, generando e incrementando lastres a nivel nacional y estatal.
Por lo anterior, preocupa que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 no esté contemplando proveer en diversas partidas presupuestales los recursos que verdaderamente se requerirían para honrar tanto la ley como la palabra empeñada. Análogamente, la construcción, cabildeo y eventual aprobación del presupuesto de egresos de Michoacán está en vilo, ya que el déficit financiero estatal es una enorme preocupación que suele resolverse subpresupuestando las necesidades reales del sistema educativo estatal, lo cual complica cada cierre de año, ante la falta de recursos para pagar la nómina magisterial. Esta crisis no queda en la educación básica solamente, en educación inicial ya resulta verdaderamente preocupante lo que está ocurriendo con los CENDI, especialmente en el interior del estado, ya que se les está dejando morir de inanición, mientras que en educación media superior y superior ya está exhibida una virtual quiebra financiera por el inminente impago de los salarios de los docentes. Las universidades claman por un rescate financiero, a la par que buscan recursos las escuelas normales. No es posible que la manera de negociar de Tenería le brinde más recursos o privilegios de los que podrían requerir Tiripetío, Arteaga o Cherán para su cabal desarrollo.
Más aún, derivado de injusticias e irregularidades del pasado, abundan los laudos y resoluciones de autoridades judiciales que deben de acatarse pero a falta de recursos, los maestros siguen esperando recursos para que se les haga justicia.
Sin presupuestación y ejecución que resuelvan las desigualdades, asimetrías e injusticias del pasado no habrá una auténtica inclusión en el sistema educativo, ni mucho menos prevalecerá el estado de derecho.
Preocupa que el discurso oficial sea que el dinero que se usa hoy para pagar la nómina educativa se empleará para “inversión productiva”, como si la reparación de daños colaterales en el sistema educativo no fuese un acto de justicia urgente ni prioritario.
Esperemos se logre primeramente concretar la federalización de la nómina, para que, acto seguido, se contemplen recursos adicionales a lo ya comprometido, destinados más allá de resolver el rezago en nómina, en infraestructura y equipamiento de planteles, para que por fin se reviertan los efectos perniciosos que una inanición prolongada generaron en el sistema educativo. Por ejemplo: es inaplazable la inversión en ciencia, tecnología, en investigación e innovación educativa o el diseño curricular para la conformación de planes y programas de estudio que resuelvan estratégicamente las necesidades de formación de los ciudadanos del mañana, así como la implementación efectiva de un entramado de gobernanza que posibilite a los padres de familia, maestros, estudiantes y sociedad en general formar parte del sistema educativo y participar corresponsablemente por su evolución.
En suma, el escenario se torna sumamente nebuloso para la inclusión educativa, por lo que es muy importante que los legisladores federales y locales tengan en cuenta el estado de la educación michoacana, el cual, en gran medida solamente se puede revertir programando, presupuestando y ejecutando los recursos necesarios y suficientes para garantizar que todos estén, aprendan y participen en el sistema educativo estatal.
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