Por: Gerardo A. Herrera Pérez
Debemos seguir avanzando en asegurar que en nuestra democracia todos y todas tengan igualmente el derecho y la obligación de votar, así como de tener acceso a contender en procesos electorales. No obstante por muchos años las poblaciones trans (Transgénero, Transexual, Travesti) estuvieron invisibilizadas en el reconocimiento pleno de sus derechos político electorales. Nuestra democracia no puede hacer distingos en razón de lo que se expresa en el artículo primero constitucional, párrafo quinto, en el cual se hace positivo el derecho de toda persona a no ser discriminado.
Como sabemos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres se precisa en la parte de los deberes, parte última, “Artículo XXXII. Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello”. En México, igualmente el ejercer el sufragio es un derecho político y también una obligación que tienen los ciudadanos. Por ello, cuando se habla de la identidades sexuales o de la diversidad sexual o la identidad de género o de expresión de rol de género, o bien de la apariencia de la persona, debe de quedar claro a los servidores públicos y a quienes atienden los procesos electorales, que no se puede violentar los derechos político electorales de dichas personas.
Es conocido que las personas trans han mantenido un alejamiento de la participación ciudadana, afortunadamente no todos o todas, no obstante se requiere de incorporar y motivar a éstas personas para lograr una mayor participación ciudadana, ya definida por las leyes respectivas.
Las luchas por el reconocimiento de la identidad de las personas trans, ha permitido avanzar de manera paulatina para hacer las modificaciones registrales al derecho a la identidad de género, de manera autopercibida y libremente manifiesta sustentada en el libre desarrollo de la personalidad, así tanto en la Ciudad de México, como en Michoacán y Nayarit, ya cuentan con estos adelantos, por lo que hay aún mucho por hacer por parte de la sociedad a favor de las comunidades trans en el resto de las entidades federativas.
Pese a las reformas constitucionales de 2011, y los marcos normativos de dimensión universal y regional, continuamos viendo procesos de discriminación contra las comunidades trans, situación que en muchos de los casos las ha segregado en sus actividades productivas, las cuales han sido estigmatizadas.
En este sentido es importante seguir trabajando en desarrollar el diseño de política públicas que promuevan la tolerancia y el respeto a la dignidad de las personas, en donde los servidores públicos generen las condiciones para prestar sus servicios públicos sin violentar los derechos político electorales de las y los ciudadanos en edad de votar.
En este sentido se han ido generando las condiciones para que las organizaciones de personas trans y las autoridades electorales hayan generado en el pasado proceso electoral federal y tras un trabajo fuerte, responsable y, sistemático de las organizaciones de población trans, y lograron generar las condiciones para evitar actos de discriminación y violación a los derechos humanos de las personas trans al momento de emitir su voto, esto fue asentado en el diseño de un Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.De esta manera personal institucional de las Juntas Distritales de Uruapan y Zacapu del INE, a través del Órgano Autónomo de los Derechos Humano recibió el encuadre de los derechos humanos con enfoque de orientación sexual e identidad de género, precisando cuestiones de contexto, marcos teóricos y conceptuales sobre la temática y el marco normativo; todos ellos elementos que integran el Protocolo de referencia.
