Los coordinadores legislativos piden una reunión con el Ejecutivo, aunque la comisión de Gobernación no ha dictaminado la iniciativa que se le turnó en marzo
Una mesa de trabajo con el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, solicitó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para analizar la situación de los trabajadores de la Junta Local de Caminos (JLC), a pesar de que en comisiones todavía no se ha llegado a una determinación en cuanto a su disolución o permanencia.
Este sábado se completarán ocho quincenas de adeudo a los trabajadores de la JLC, toda vez que tanto el Ejecutivo como el Legislativo acordaron no asignarle presupuesto este año, pero no así el tema de su disolución, que tendría que hacerse con la aprobación del Congreso del Estado, ya que se conformó mediante un decreto.
Para ello, el ejecutivo presentó una iniciativa en el mes de marzo que se turnó a la comisión de Gobernación y sigue sin un dictamen ni a favor ni en contra.
Hasta ahora no se ha tenido respuesta por parte del Gobierno del Estado, señaló la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Teresa López Hernández, quien precisó que el objetivo de esta reunión es: “para ver cuál es la propuesta porque decir que la junta desaparezca no es competencia del gobernador, sino del Congreso del Estado”.
A la par, expuso que su bancada está solicitando una audiencia con el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado, para que les exponga cuál sería la estrategia para completar los pagos que se adeudan a los trabajadores.
A pesar de que la comisión de Gobernación es presidida por Cristina Portillo Ayala, quien también es parte de su grupo parlamentario, López Hernández aseguró que no se está manejando un doble discurso por parte de los diputados de su partido. “A veces la comisión no se reúne como debe ser y hay necesidad e suspenderla pero la indicación que tiene la compañera de la bancada es llegar hasta el final”, manifestó.
Hasta ahora 20 trabajadores de la JLC han aceptado el plan de liquidación de Gobierno del Estado, confirmó su líder sindical, Rodrigo Correa Vences, pero aseguró que los montos no están calculados adecuadamente y que no ha existido apertura a una negociación con el sindicato de por medio, sino que se hace directamente con los trabajadores, a quienes se les han entregado de 20 mil a 300 mil pesos, dependiendo de la antigüedad.
Correa Vences agregó que el Gobierno del Estado no se ha hecho cargo de los pagos correspondientes a las deducciones que se les aplican a los trabajadores por concepto de servicios como el seguro social, por lo que se han quedado sin atención médica y en algunos casos sin vivienda por falta de pagos a créditos hipotecarios.
El sindicalizado aseveró que la falta de pago es una estrategia para debilitar a los trabajadores con la intención de que acepten los planes de liquidación que se les presentan. “Liquidaciones que están fuera de ley, que no están bien calculadas y con la presión de que ya tenemos esa hambre y esas deudas a llevarnos a ese límite de aceptar estas liquidaciones que arbitrariamente está generando el Gobierno del Estado”, expuso.
