Morelia, Michoacán. Desde que se dio a conocer la creación de la Guardia Nacional, diversas organizaciones que trabajamos los temas de violencia contra las mujeres, seguridad ciudadana y defensa de los derechos humanos a nivel nacional, nos hicimos presentes y acudimos a presentar nuestras posiciones públicas respecto a la misma. Lo coincidente fue que la política de seguridad nacional impulsada por la actual administración federal, adolece de poner en el centro de las prioridades a las personas y reconocer sus diferencias identitarias como multiculturales con la finalidad de no reproducir actos de discriminación, o bien reproducir conductas racistas, misóginas, clasistas, xenofóbicas, homofóbicas, entre otras que son utilizadas y reproducidas para estigmatizar y construir supuestos de inferioridad, inmoralidad, peligrosidad y criminalización, que incluso han servido para justificar desapariciones forzadas.
La Guardia Nacional, es desde mi punto de vista, profundamente fundamentalista y atentatoria de los principios de los derechos humanos, porque la coloca como la única posibilidad de solución de una necesaria e impostergable atención a la seguridad pública como a los altos índices de criminalidad y que además con ello se pretenda pacificar al país, pero contradictoriamente a su posicionamiento y fundamento esta está centrada -en la disciplina militar en lo que respecta a su régimen interno de organización- y que además tiene al mando no una conducción civil sino militar, en proceso de retiro pero militar.
Michoacán, fue elegido, nuevamente para que entrara la Guardia Nacional, ya tuvimos una primera vez en el 2006 con la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico que se llamó “Operativo Michoacán”, y lo que derivó es conocido por todas las personas que seguimos enfrentando aun vestigios de ese conflicto armado que ya lleva más de 10 años, en donde las víctimas han sido mayoritariamente civiles a los que se les consideró “efectos secundarios”.
Desafortunadamente, enfrentamos nuevamente algo similar, que según no es lo mismo pero que es igual, el punto es que en pasadas reuniones de trabajo con el Dr. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sostuvimos a través de la Red por la Seguridad, la Justicia y la Paz para las Mujeres, que encabeza la Doctora Patricia Olamendi y de la cual somos parte, la importancia de considerar a las mujeres que están en esos espacios y territorios en donde operará la Guardia Nacional y de la particularidad de la violencia que se ejerce contra ellas en condiciones de alta criminalidad y la importancia de implementar la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas[1], en donde haya presencia de la Guardia Nacional, pero principalmente atendiendo estos dos puntos fundamentales:
9. Exhorta a todas las partes en un conflicto armado a que respeten plenamente el derecho internacional aplicable a los derechos y a la protección de las mujeres y niñas, especialmente en tanto que civiles, en particular las obligaciones correspondientes en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, la Convención sobre los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 y su Protocolo Facultativo de 1999 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y sus dos Protocolos Facultativos de 25 de mayo de 2000, y a que tengan presentes las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;
10. Insta a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado;
Sin embargo, no ha habido una respuesta institucional hasta el momento por parte de dicha secretaria.
Recordemos que las mujeres michoacanas principalmente de las áreas geográficas que conformaron la zona de conflicto fueron utilizadas como estrategia de guerra en sus cuerpos como: agresiones sexuales, ejecuciones de mujeres por parte del crimen organizado quienes cercenaban los pezones de las mujeres para después meterles el tiro de gracia; algunas fueron obligadas a “guardar” ya sea armamento o droga a cambio de que se les apoyara económicamente o se encargaran de la violencia doméstica de la que estaban siendo objeto y que habían denunciado antes las autoridades locales y quienes simplemente no hicieron caso; hasta la fecha seguimos enterándonos que mujeres adolescentes y jóvenes son llevadas a la fuerza y desaparecen durante una semana para posteriormente regresarlas a sus comunidades teniendo como resultado un embarazo producto de una violación; y con esta guerra también se incrementó el número de mujeres consumidoras de drogas, así como de trata de mujeres y prostitución.
Por lo que me resisto nuevamente a que las mujeres no sean una prioridad en esta estrategia de incursión de la Guardia Nacional, me resisto a que las mujeres michoacanas no sean colocadas como un grupo prioritario de acciones y medias de prevención y atención considerando estas dos medidas que señala la Resolución 1325, no quiero que las mujeres sean botín de guerra, tal y como lo señala el Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los Derechos humanos relacionadas con el conflicto, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicado en el 2015.
Por lo que hago un llamado desde aquí, especialmente al Secretario de Gobierno Carlos Herrera Tello, para que se tenga a la brevedad, una sesión especial del consejo estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y se implementen mecanismos de monitoreo para la protección y acceso a la justicia para las mujeres en este periodo de incursión de la Guardia Nacional.
[1] Tomado de: https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf
