Si trabajadores de los bancos proporcionan información serán juzgados de la misma manera que el que cometa el delito.
Para combatir con mayor rigor la delincuencia y que los cómplices de los asaltantes a cuentahabientes sean castigados con todo el peso de la Ley, la diputada Lucila Martínez Manríquez presentará una reforma al Código Penal para el Estado de Michoacán.
En la iniciativa que presentará ante el Pleno de la LXXIV Legislatura Local, propone reformar el artículo 204, en la que se establece que cuando participen una o más personas que pertenezcan o hayan pertenecido a corporaciones de seguridad de cualquier índole o a las fuerzas armadas en un robo será sancionado con todo el peso de la Ley.
“Si en las investigaciones se determina que un elemento está involucrado o ejerce violencia en las personas o en las cosas debe ser castigado con la misma fuerza, de igual forma si existe la coparticipación de una o más personas que trabajen en una institución bancaria, por Ley tiene que ser castigado con todo rigor”.
Lucila Martínez refirió que el incremento en la tasa de delitos cometidos en contra de usuarios bancarios obliga al Congreso del Estado a tomar medidas legislativas que permitan castigar con mayor rigor, a quienes son cómplices de los delincuentes.
La legisladora refirió que el robo a usuarios bancarios se ha disparado en diversas regiones del estado, pero especialmente en Morelia, y en casi todos los robos coinciden el mismo modus operandi, ya que las víctimas aseguran que los delincuentes no dudan en ir directo en contra de ellos diciéndoles: “dame todo lo que acabas de retirar del banco” incluso, les dicen la cantidad exacta que llevan, lo que genera muchas suspicacias respecto de quién les otorgó dicha información. “Los delincuentes van directo contra las víctimas que previamente han retirado fuertes cantidades de dinero, lo que genera dudas de cómo saben a quién atacar”.
Si bien, reconoció los programas que se han implementado por las autoridades de seguridad, en el que los policías custodian a personas que van a retirar dinero de los bancos cuando el ciudadano lo solicita, es necesario legislar en la materia.
Recordó que en Morelia se han reportado casos muy lamentables, en los que muchos ciudadanos han sido víctimas de la delincuencia y han perdido la vida, como el caso reportado el pasado 17 de julio, en el que un joven de 29 años que acaban de retirar 200 mil pesos de un banco de esta ciudad perdió la vida a manos de unos ladrones, que tras despojarlo del dinero le dispararon. A este hecho se suman un sinfín de casos en los que se presume la participación desde dentro del banco.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en lo que va del año se han registrado 6 robos a cuentahabiente dentro de instituciones bancarias, más de 15 casos fuera de ellas y 8 casos al retirar dinero de los cajeros, más los que deciden no denunciar.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha destacado que, según las encuestas de percepción de inseguridad, son los cajeros automáticos y las instituciones bancarias en donde los ciudadanos sienten la mayor inseguridad, incluso más que en zonas inseguras de sus demarcaciones y ciudades.
Lucila Martínez aclaró “esta iniciativa no pretende criminalizar a los trabajadores de las instituciones bancarias, su objetivo es que cuando se demuestre que cualquiera de ellos tuvo algún grado de participación en el hecho delictivo, se le pueda castigar con mayor rigor, porque defraudó la confianza de quienes lo contrataron, así como la de los usuarios que se acercan a una institución para resguardar su patrimonio, pues en algunos casos los trabajadores conocen las cantidades de dinero que tienen los usuarios, información que ni sus familiares o amigos más cercanos conocen”.
Además de que dejó claro que para determinar la participación de los cómplices se tendrá que realizar la investigación correspondiente, y serán las autoridades quienes determinen y resaltó la importancia de su iniciativa, con la cual no solo castigaría con mayor ahínco a los cómplices de los asaltantes, sino que también inhibiría su participación.
Finalmente, señaló que “el establecer circunstancias que agraven la responsabilidad de todos aquellos que participen en el hecho delictivo, es totalmente valido ya que cuando los sujetos activos deliberan respecto de la comisión de un delito, están aceptando las consecuencias jurídicas que puedan darse como resultado de las acciones que acordaron realizar, es decir, cuando los copartícipes del ilícito acuerdan llevar a cabo las conductas necesarias para alcanzar un resultado específico, están aceptando desde entonces, las circunstancias dañosas que dichas conductas pudieren producir”.
