Medidas Anticorrupción para la SEE

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El pasado lunes 9 se conmemoró (no hay una sola razón para celebrarlo) el Día Internacional contra la Corrupción. En Michoacán nos encontramos en una crisis profunda en la materia, llegando a a ser de profundo escándalo a nivel internacional la casuística local, así como la inacción de organismos-florero en la materia. Pero no podemos dejar de observar una gran cantidad de vacíos que existen y proponer soluciones.

Uno de los más grandes, escandalosos, inaceptables y perniciosos canales de corrupción es el tráfico de plazas educativas, cáncer que no ha dejado de perseguir a las diferentes administraciones estatales, empañando su accionar y decepcionando concatenadamente a quienes hemos otorgado el beneficio de la duda respecto a que sean capaces de solucionar estructuralmente este mal que condiciona a cuarenta o cincuenta generaciones de estudiantes a tener contacto escolar con una persona sin vocación, corrupta, sin preparación ni competencias, que goza de una plaza sin devengarla y que solamente tiene aspiraciones rentistas y patrimonialistas de su posesión, dado que compró o trocó por favores inconfesables su plaza laboral.


Hoy, la preocupación es muy fuerte: la federalización de la nómina educativa entraña el enorme riesgo de que se le otorgue licencia federal a la fuerza aérea magisterial, si no se realiza con el debido cuidado, si no se abre al escrutinio público o si se hace mediante valores entendidos en una especie de entrega-recepción a conveniencia.

Más aún, la regularización retroactiva de diversas circunstancias indebidas puede permitir que se legitimen actos de corrupción, que han generado amplios beneficios para quienes los han perpetrado. Urge una compulsa abierta a la sociedad donde caso por caso, se conozca qué es lo que ha sucedido, así como establecer medidas de política pública que acoten la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción de una vez por todas.


No es casualidad que Michoacán sea cualificado como muy poco transparente. En 2016, desde que se instaló el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, desaparecieron los comités de transparencia, en los ámbitos de recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales, en donde la sociedad civil participaba desde 2010 como vigilantes de procesos de ingreso al servicio profesional docente y de apoyo a la educación, las compras de útiles y uniformes escolares, el equipamiento para los planteles y otros rubros. Desde hace cuatro años, éstos no existen y se nota su ausencia. Es urgente que se reinstalen, con un marco normativo adecuado.


La legislación en Michoacán es  un paraíso para los traficantes de plazas. Hoy, no existe delito que perseguir de acuerdo a nuestro precario Código Penal; la única manera en la cual un delincuente puede ser vinculado a proceso en esta entidad por traficar con las plazas de los maestros de los niños michoacanos sea mediante el delito de fraude, es decir: a la cárcel solamente van aquellos quienes prometen una plaza docente, la venden y no le cumplen al comprador. 


Si una plaza se cotiza en trescientos mil pesos en el mercado negro y tomamos en cuenta que una tercera parte de las plazas de los trabajadores de la educación son estatales, es decir, opacas y sin sujeción a reglas de transparencia y de concurso como las federales, entonces podemos pensar en un  mercado negro que derrama cientos de millones de pesos anualmente. Entonces es fácilmente explicable que este cáncer ya ha generado homicidios y hechos de sangre, en las instalaciones de la SEE y en sus alrededores. Por temor y posible complicidad, las autoridades han preferido históricamente mirar a otra parte antes que resolver la situación.


Hace cuatro años que no se actualiza el padrón estatal de trabajadores de la educación de Michoacán, además de que desde hace un año se ocultó del portal www.edumich.edu.mx, donde solía estar accesible para su consulta pública. Han pasado muchos años sin que se realice un concurso de oposición abierto para contratar personal de asistencia y apoyo a la educación, por lo que prácticamente todas las plazas de esta índole que se han asignado en la última década, por decir lo menos, están bajo alta sospecha y seguramente no resisten una revisión a fondo. 

Por lo anterior, urge modificar el Código Penal del Estado de Michoacán para tipificar la oferta de espacios laborales en el sector público como delito que se sancione con cárcel, toda vez que la contratación irregular de personal atenta gravemente contra el derecho a aprender de los michoacanos, a la par que desvía y despilfarra recursos, denigra y ridiculiza la profesión docente, manchando la reputación de un gremio honorable y de alta trascendencia social. Esperamos la intervención directa del Gobernador del Estado, para que se brinde la certidumbre total de que nunca más llegará alguien mediante la compraventa de plazas a ocupar espacios educativos en la entidad.

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