Actualmente, la SEP y la Comisión Nacional para la Mejora Contínua de la Educación deliberan respecto al incierto futuro de la evaluación educativa. Por si fueran pocos los nubarrones que se ciernen sobre ella, Michoacán recientemente contribuyó, muy a su manera, para evidenciar las falencias, usos y abusos del manejo de los resultados de la prueba PLANEA, otro buque insignia del extinto INEE.
Mucho se ha elucubrado en torno al posible uso punitivo de PLANEA, el cual está desmentido de origen por quienes la diseñaron, pero no tanto su uso conductista, perpetrado por quienes se montaron en los resultados obtenidos para entregar reconocimientos a las escuelas, directivos, docentes y estudiantes, para regalar computadoras y para dotar de una reputación a los planteles.
Tampoco se ha mencionado el desmedido uso propagandístico realizado con los resultados por parte de las escuelas de modalidad de sostenimiento privado, quienes sin rubor alguno colocan en sus trípticos y en carteles los resultados más favorables en este tipo de pruebas, sin dar explicaciones respecto al significado de las puntuaciones obtenidas ni de los medios empleados para tales efectos, manejando los resultados como si fueran coronas otorgadas en concursos de belleza o de popularidad.
Por otra parte, en su momento tampoco faltó la sanción social hacia las escuelas que no aplicaron la prueba o que obtuvieron resultados deplorables.
Pero dentro de todos los abusos cometidos con base en los resultados de PLANEA, tal vez el más grave es emplearlos políticamente para construir discursos, apologías y alabanzas desde y para el gobierno en turno. Doblemente inaceptable resulta politizar resultados que ni siquiera cuentan con validez ni confiabilidad estadística para poder sacar conclusiones acerca del logro del aprendizaje de un sistema educativo estatal.
La aplicación de la Prueba PLANEA 2019 en educación básica hubiera pasado sin pena ni gloria en la entidad, hilvanando una cuenta más al rosario de intentos fallidos de medir el logro educativo. Sin embargo, en esta ocasión, se emplearon los microdatos para señalar que nuestra entidad federativa escaló peldaños respecto a otras entidades federativas. Sin embargo, esta aseveración no tiene sustento.
Debido a las modificaciones metodológicas de 2018, PLANEA perdió comparabilidad en series de tiempo, por lo que en su portal electrónico oficial (http://planea.sep.gob.mx/ba/ ) la SEP señaló que “las comparaciones válidas de resultados son únicamente las que realiza un plantel contra sí mismo, en este caso con los obtenidos en 2015 y 2017”, mientras que aclaró que “no son válidos los comparativos entre diferentes escuelas de manera descontextualizada”.
En ediciones anteriores, la propia autoridad federal publicitaba ampliamente la falta de validez censal o muestral en las entidades federativas donde así ocurría. En esta ocasión no hubo profilaxis vertical y estas son las consecuencias.
Como de costumbre, Michoacán fue el antepenúltimo lugar en el porcentaje de aplicación de la prueba PLANEA, con apenas un 39.3 % de escuelas evaluadas, solamente por debajo de Oaxaca y de Tlaxcala. Incluso, Chiapas y Guerrero nos superaron.
En Michoacán no se alcanzaron aplicaciones estadísticamente válidas y sin embargo sí que se sacaron conclusiones ilusorias respecto al logro educativo basándose en las cifras inservibles que se obtuvieron, subiéndose incluso al marco del discurso del IV Informe de Gobierno del Ing. Silvano Aureoles Conejo y a la propaganda oficial de la Secretaría de Educación en el Estado.
Un dato que exhibe cuán absurdos son los microdatos obtenidos es que solamente 8 de las 693 escuelas participantes en la evaluación trabajan en turno vespertino, lo que representa apenas el 1.15 por ciento de los planteles, hecho que merece explicación, ya que evidencia un inmenso sesgo que invalida la posibilidad de emitir conclusiones, hacer correlaciones, inferencias o incluso, compararse con otras entidades federativas, como fue el caso.
En el contexto del debate nacional que se da respecto a la evaluación educativa, debe asumirse este traspiés michoacano con proactividad y buscar blindar la inminente nueva generación de instrumentos de investigación para que se logre aplicar de forma válida y confiable, ya sea en ejercicio censal o muestral, así como se informe suficientemente a la población en general para que nadie ose hacer uso indebido de los resultados parciales de la aplicación.
Y en lo local, además de reconocer lo ocurrido y asimilar la lección colectivamente, deberemos de construir condiciones mucho muy diferentes para por fin conocer cuál es el logro del aprendizaje en Michoacán en educación básica.
La política educativa debe ser la más fiel guardiana de la ciencia, de la investigación, del método científico y de la razón para conocer la verdad, depositaria de los cimientos evolutivos para una sociedad futura. Hoy Michoacán tambalea en PLANEA, pero es inaceptable que esta condición sea permanente. En estos tiempos de posverdad y ambigüedad se hace más evidente que nunca. La autoridad debe ejercer sus atribuciones respetando y haciendo respetar la ley, bajo el paradigma mencionado.
Desde hace una década, nuestra organización de la sociedad civil ha defendido el derecho a aprender en la entidad, basándose en evidencias y en información pública. Nuestro compromiso es continuar realizándolo propositívamente. Debemos contar con indicadores verdaderos, honestos, fiables, mediables y comparables que permitan tomar mejores decisiones en materia de política pública educativa. La sociedad merece saber la verdad sobre el estado de la educación en Michoacán.
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