Odio, discriminación y racismo, una mezcla de exclusión y violación a derechos humanos y libertades. El odio ha sido protagonista de las más viles barbaries en el mundo, desde el primer genocidio en el Siglo XVI con la conquista de los pueblos mesoamericanos; pasando por la quema de personas de color por el KU KLUS KLAN en los Estados Unidos; el Holocausto que mato al pueblo Judío, pero también a homosexuales, Húngaros, personas con discapacidad, adultos mayores, durante la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente pero a finales del siglo XX, el exterminio del pueblo Tutsi, o el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994.
En América Latina, también tenemos eventos de odio, como lo han sido los crímenes de odio por homofobia, los transfeminicidios, los feminicidios que han devastado a una población de orientación sexual diferente a la heterosexual, y a las mujeres frente a un machismo y misoginia que controla el patriarcado, todo ello basado en discursos de odio y exclusión. Así, Brasil se posiciona con el primer lugar de crímenes de odio por homofobia, y después México.
Los Estados Unidos también han estado inmersos en el discurso y apología de odio contra los diferentes; baste ver todo el sufrimiento de la raza negra durante cientos de años, o bien, el caso de los indocumentados latinos, quien también han sufrido de violación a sus derechos humanos; y desde luego el asunto de hoy en la ciudad de Charlottesville en el Estado de Virginia, en donde se dio un enfrentamiento por fanatismo, racismo y violencia que deja a varias personas muertas y algunas heridas. Sobre este incidente, el Presidente Trump condeno las muestras de fanatismo, racismo y violencia en Virginia.
Pero igualmente se siguen teniendo acciones que generan diferencia de trato social, no solo en la cuestión económica, sino en las características físicas, económicas, sociales, religiosas, de edad, razón por lo cual se les excluye de la toma de decisiones, justamente por las diferencias.
La ONU, como la OEA, continúa trabajando para impulsar acciones que permitan el desarrollo con paz social, incluso en el marco de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible, uno de los objetivos es justamente la paz y justicia; no obstante este mundo no puede encontrar la paz, mientras no exista un claro respeto a los derechos humanos.
En este sentido, los países miembros de la ONU y OEA, tendrán que seguir impulsando acciones para el diseño de una política pública que privilegie el diálogo, la convivencia, así como los valores y principios, haciendo hincapié en la tolerancia, la igualdad, la libertad y el respeto a la dignidad humana.
En este contexto es importante señalarlo el Senado de la República, de manera unánime ratifico dos convenciones internacionales de la OEA:
a) Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y;
b) Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
Ambas suscritas desde 2013 en Guatemala. Por lo que muy pronto estaremos observando estos instrumentos jurídicos publicados ya en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que corren el trámite legislativo y será el Ejecutivo Federal quien instruya su publicación.
Los instrumentos jurídicos proponen que todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra toda forma de discriminación e intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada. Pero igualmente la ley habrá de brindar protección contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia en la vida pública y privada.
No obstante se deberá trabajar intensamente derivado de las necesidades de impulsar actividades para evitar que siga siendo el racismo una forma de organizar a la sociedad; en este sentido hay mucho por hacer. Por lo pronto el Estado tendrá que garantizar el ejercicio de derechos de todas y todos, y generar una condición de igualdad y dignidad, sin racismo.
Por otro lado, la aprobación de estos dos instrumentos internacionales deja constancia del compromiso del Estado mexicano con la defensa y promoción de los derechos humanos, así como su respaldo a los esfuerzos que a nivel regional se realizan para la protección de éstos, no obstante por lo mucho que hay que adelantar en los grupos en condiciones de vulnerabilidad, se hace indispensable la asignación de los recursos presupuestales necesarios para poder desarrollar el diseño de la política pública que permita dar cumplimiento a estos instrumentos jurídicos contra la discriminación y el racismo y no queden solo en un instrumento jurídico o como se dice, sea letra muerta. No más odio, discriminación y racismo en México.
