La víctima fue agredida física, psicológica y emocionalmente, la respuesta de la institución fue pedirle que dejara de acudir a clases
Sólo dos de las instituciones de educación superior que hay en el estado cumplen con contar con mecanismos de atención a las víctimas de violencia de género, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó Circe López Riofrío, quien preside la asociación civil Humanas sin Violencia.
“Las universidades privadas creen que están en una isla”, declaró la activista en el marco de la denuncia pública que presentó un padre de familia, cuya hija fue violentada por su ex pareja en las instalaciones de la Universidad La Salle y la respuesta de las autoridades universitarias fue pedirle a ella que dejara de asistir a clases hasta enero “que se calmaran las aguas” y dejar que el agresor continuara acudiendo normalmente.
La alumna fue jaloneada y amenazada de muerte por el agresor, relató su padre, Roberto Gaytán, al término de una relación sentimental de dos años de maltrato. Esto sucedió en el estacionamiento de la universidad, mientras compañeros de los jóvenes eran testigos pasivos de la agresión.
“La agarró de los brazos, la sometió del cuello y le dijo ‘no te mato porque me meto en problemas’ mientras le decía a los demás ‘no te busques a alguien así porque es una perra enfadosa’”, narró el padre y lamentó la inacción de quienes presenciaron la escena. “Yo no puedo concebir que haya gente que vea y no haga nada, pero es el entorno en el que vivimos”, manifestó.
Si bien ya se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) -en donde el profesionista reconoció el protocolo de respuesta-, Gaytán lamentó el actuar de la institución, que pareciera no creerle a su hija y la serie de denostaciones que precedieron a la denuncia por parte del agresor.
Pidió que se escuche y dé crédito a su hija, que se brinde un trato justo a las víctimas de violencia y se instrumenten mecanismos de protección más allá de la vigilancia escolar y que se tomen medidas. “Desconozco si tienen comité disciplinario y si lo hay no funciona”, observó.
“La violencia entre las mujeres no es un asunto de dos personas, no se debe resolver entre lo involucrados y la escuela no puede convertirse en un espacio neutral”, expresó el padre de familia y exigió que se respete el derecho a la educación de su hija.
Por su parte, López Riofrío detalló que en lo que va del año se han acercado a su asociación cerca de 50 niñas y jóvenes que han sufrido violencia de género en sus centros educativos, ya sea por parte de alumnos o de profesores. Recordó que tanto las universidades como las privadas deben de contar con protocolos de atención y se debe partir de creer a la víctima y garantizarle un entorno seguro en lo que se resuelve la denuncia, comunicar la situación a los padres y no permitir que en los planteles se den espacios propicios para que se susciten agresiones.
“Hay una cuestión social de protección al agresor”, expuso López y cuestionó que la institución haya permitido las denostaciones del agresor, quien se dice respaldado por la organización Revolución Social y ha puesto en duda la honorabilidad de la joven.
