Los mexicanos atestiguamos y padeceremos la mala forma en la que nació la legislación secundaria en materia educativa. Pedimos la conformación de un parlamento abierto para discutir las iniciativas de ley, lo cual nos fue negado por nuestros propios representantes populares. Ahora, comenzarán a evidenciarse las consecuencias de no haber tomado en cuenta a la enorme mayoría de los sectores involucrados.
Paralelamente, nos hemos quejado de la prevalencia de algunos actores en la toma de decisiones, hemos visto una vez más a encumbrados políticos nacionales sirviendo de voceros a la CNTE, lo cual enardecía a los michoacanos hace apenas un lustro, cuando había funcionarios en la SEE contestando un día sí y otro también a los señalamientos de colonización del sistema educativo que realizamos en su momento desde la sociedad civil; así como a la elaboración de una burda, obvia y enmarañada contrarreforma educativa que pervertía con el hálito de la corrupción los tambaleantes avances de la legislación vigente en aquel entonces. De ese pasado perverso, trabajosamente nos hemos levantado como sistema educativo estatal y no deseamos volver a padecerlo, ni tampoco que cunda ese cáncer por el resto de nuestra nación.
Inminentemente, sobrevendrá una pugna entre ciudadanos y autoridades por defender la prevalencia de los preceptos constitucionales en las aulas, por encima de la flagrante inconstitucionalidad de algunos aspectos de la legislación secundaria, explicables, más no justificables por cuestiones políticas, ya que se soslayó el interés superior de la niñez y juventud en su derecho a aprender. Al respecto, vale la pena asimilar y aplicar las experiencias escandalosamente nefastas que se han vivido en Michoacán en materia de diseño de política pública educativa. Me refiero, por supuesto al enfoque rancio y anacrónico de gobernabilidad, enquistado en la relación “bilateral” o “trilateral” en el mejor de los casos, entablada entre los órdenes de gobierno federal y estatal aunados a la omnipresente CNTE, organización autodeclarada como político-sindical, no como educativa. En ese tenor, la ruta de solución ante ese viejo paradigma ya lo recorrió la actual administración estatal, recuperando la rectoría de la educación en buena medida, con una serie de acciones tendientes a hacer valer la ley y la institucionalidad por encima de los intereses gupales.
A pesar de lo ya conseguido, procesos como la federalización de la nómina magisterial michoacana han manifestado una ralentización indeseada, máxime que ya se cumplieron diez meses del inicio del proceso, mediante el anuncio a nivel nacional que realizó el Gobierno del Estado de Michoacán, siendo fecha en el que no se logra concluir satisfactoriamente el sendero.
La visita del Lic. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, en el marco de las festividades patrias, pasó sin mayor novedad positiva al respecto. Además, en lo local, sobran los políticos oportunistas que se han montado sobre el tema, tratando de obtener ventajas y posicionamiento en su imagen, aduciéndose la paternidad de una necesidad que fue exhibida por la sociedad civil michoacana desde hace una década, como si el ejercicio del constitucional derecho a aprender alguien mereciera que se le agradezca hacer su trabajo desde el escritorio.
El pueblo y la historia los juzgará por lo que están intentando hacer con la federalización de la nómina, en cuanto a medrar políticamente con la implementación de la política pública respecta.
Pero más allá de esos casos, es muy importante que en lo sucesivo, en materia de política social no confundamos los efectos con las causas, ni nos desgastemos combatiendo los fenómenos indeseados que en realidad deben controlarse, bajo un esquema sistémico, de lazo cerrado o retroalimentado; hay que definir con un enfoque de marco lógico los problemas que causan los efectos indeseados y diseñar las soluciones específicas requeridas.
Pero ello, no puede hacerse desde el pretendido caudillismo de uno o dos iluminados, por muy expertos que sean. Resulta tan trascendente la forma como el fondo en materia de recorrer el ciclo de la política pública. Debe respetarse la ruta y también es menester que sea recorrida en su totalidad con la ciudadanía.
Es imperativo hoy, en el marco del inicio del tercer tercio de la actual administración estatal trasladar los avances conseguidos en materia de gobernabilidad a una red de gobernanza que encune, proteja, haga perdurar y multiplique los logros en el corto, mediano y largo plazo. Dejar al arbitrio de los vientos políticos los innegables avances en materia educativa nos puede implicar una catastrófica retrogradación en la entidad federativa.
Un esfuerzo que debe realizarse a la brevedad es subir a todos los actores involucrados a una red de políticas públicas, donde se conformen las soluciones que, desde lo gubernamental posibiliten reforzar el derecho a aprender en el contexto específico de la realidad concreta michoacana.
Los criterios para la conformación de la red pueden ser de diversa índole, como temáticos, en relación a quienes abordan o desarrollan determinadas acciones con base en sus atribuciones legales o en su objeto social, de acuerdo a su personalidad jurídica; políticos, para que todas las fuerzas y expresiones ideológicas, así como sindicales participen; asimismo, puede contemplarse un enfoque de inclusión para que todos los grupos vulnerados puedan velar por sus derechos y por supuesto, deberá estar presente el enfoque territorial, para garantizar que la diversidad cultural, étnica e ideológica que se encuentra plasmada en toda la geografía michoacana esté debidamente representada.
Si se logra conformar este legado, los avances conseguidos hasta el momento tendrán posibilidades reales de seguimiento, de autogestión y de que sea el pueblo michoacano quien defina su propio sendero de desarrollo, en materia educativa e integral, si así se le determina. Habremos dado pasos agigantados por la gobernanza. Que así sea.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
