“Lo que no prohíben las leyes, lo prohíbe la honestidad”.Seneca
Por: Rosmi Bonilla Ureña
El pasado 23 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas celebró el XV aniversario de la Convención contra la corrupción, misma que, curiosamente, se celebró en Mérida, Yucatán.
En esta convención se plantearon tres ejes fundamentales: que los 156 Estados firmantes establecieran medidas para combatir y prevenir la corrupción; fomentar la cooperación internacional; y promover la integridad, la rendición de cuentas y la debida gestión de asuntos y recursos públicos.
Además, como una acción estratégica, se pretendían generar los mecanismos para que los Estados firmantes recuperaran los fondos públicos que se pierden o desvían en actos de corrupción.
A pesar de que México firmó y fue anfitrión de dicha convención, el pasado mes de marzo, el Comité de las Naciones Unidas para los derechos económicos, sociales y culturales cuestionó al gobierno mexicano sobre los nulos resultados en el combate a la corrupción.
En ese momento, la delegación mexicana se comprometió a brindar los nombres de altos funcionarios sancionados por cometer actos de corrupción pero reconoció que estos personajes se encuentran en “juicios largos que aún no concluyen” y, por tanto, no pueden incluirse en la lista.
De igual manera, la delegación mexicana defendió al recién creado Sistema Nacional Anticorrupción cuyo “andamiaje es amplio y complejo”, pero yo añadiría que sin autonomía.
Por ejemplo, en el caso particular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, es necesario decir que fue diseñada como una paraestatal, no como un organismo autónomo y que, por tanto, su máximo órgano de dirección está conformado por funcionarios públicos.
Por otro lado, el Comité de Participación Ciudadana es vigilante del buen funcionamiento del Sistema, sin embargo, su único vínculo con el resto de las instituciones que lo conforman y con el órgano de dirección es el Presidente quien representa solo un voto de los siete que conforman al órgano de gobierno.
Si bien es cierto que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene fallas en su diseño, también hay que puntualizar que su creación fue tardía; hablamos de 12 años después de que México suscribiera la Convención en comento.
Sin embargo, la mayoría de las instituciones que conforman al Sistema existen casi desde la misma época en que se celebró la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, es decir, hace 15 años y todavía se deben resultados a la sociedad.
Y es que a lo largo de esos 15 años, la percepción ciudadana sobre la corrupción en México no ha disminuido, por el contrario, aumentó. Según las cifras del INEGI, del 2013 al 2017, 21 por ciento más ciudadanos por cada 100 mil habitantes padecieron algún acto de corrupción.
Por ello insisto en que la respuesta no está en el complejo andamiaje del Sistema, sino en la autonomía de las instituciones que lo conforman. Resulta contradictorio que quienes vigilan el actuar de los servidores públicos y fiscalizan el ejercicio de los recursos formen parte de la estructura gubernamental y dependan del presupuesto que los poderes ejecutivo y legislativo les otorguen.
Sin duda, es necesario que transitemos hacia el empoderamiento del Sistema a través de la autonomía financiera y de gestión de las instituciones que lo conforman y hacia una verdadera ciudadanización en la toma de decisiones.
