- El diputado Norberto Martínez presentó una iniciativa para que el aborto sólo se considere como tal cuando ocurra después de las 12 semanas de gestación.
Morelia, Michoacán.- Atendiendo la solicitud de grupos ciudadanos de defensa de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto conformó una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán para que la interrupción de un embarazo sólo se considere aborto y sea penada si se da después de las 12 semanas de gestación, manteniendo algunas de las excluyentes.
Esto último quiere decir que, aún si el aborto ocurre después de este período, una excluyente de sanción será que el embarazo sea producto de una violación y otras son si corre riesgo la vida de la mujer gestante o si el producto presenta malformación.
“La criminalización del aborto ha provocado falta de democratización de los servicios y la atención donde quien mayor acapacidad económica tiene obtiene ese servicio con mejores caractísticas y condiciones de seguridad. Quien tene menos posibilidades económicas, sufre todos los efectos de prácticas añejas, tóxicas e inclusive con estragos de violencia obstétrica”, manifestó el diputado por el PRD.
Martínez Soto enfatizó que el Congreso del Estado tiene una deuda con las mujeres michoacanas, ya que en la actualidad hay 117 carpetas de investigación abiertas relacionadas con este delito. Se dijo dispuesto a recorrer una a una las 39 curules “para que hagan ese uso de conciencia y le den una oportunidad a esta iniciativa progresista, liberal pero sobretodo de derechos”.
La activista Circe López Riofrío, fundadora de la asociación Humanas Sin Violencia, manifestó que se hizo un llamado a la LXXIV y el único que respondió a él fue el diputado Norberto Martínez. Recordó que desde el 2011 los tratados constitucionales se elevaron a rango constitucional, por lo que desde hace 12 años que debió de haberse reformado la legislación en este sentido; sin embargo, de lograr la aprobación de esta iniciativa, Michoacán sería la segunda entidad en el país en contar con este derecho garantizado.
Hizo hincapié en la necesidad de que las niñas que quedan embarazadas como consecuencia de un delito sexual sean atendidas en las instituciones de salud de acuerdo con la norma oficial 146 y que este procedimiento pueda ser gratuito también para mujeres de escasos recursos, que son las que se ven afectadas con esta criminalización, “En esta iniciativa no hay odio, no hay castigo, no hay cárcel. No obliga a nadie a interrupmir un embarazo”, manifestó
