Los incrementos presupuestales fueron mínimos e incluso se redujo el presupuesto a varios organismos, pero el monto total creció porque se incorporó la FGE
Un monto de más de mil millones de pesos ejercerá la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el 2020, lo que hizo crecer el monto total que se destina a los organismos autónomos, ya que a partir de este año se incorporó al organismo en esta categoría.
Con ello, el monto total para organismos autónomos excede los 4 mil 906 millones de pesos, lo que representa un incremento de mil 487 millones 290 mil 909 pesos, que se corresponde con los mil 375 millones que se le asignaron a la FGE.
Esto quiere decir que el resto de los organismos autónomos obtuvieron mínimos e incrementos o incluso disminuciones en el caso del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que recibirá 17 millones menos. Es decir, se le otorgarán un poco más de 71 millones de pesos, a diferencia de los 88 que ejerció durante el 2019.
El resto de los organismos tendrán breves incrementos, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que seguirá operando con un presupuesto deficitario, ya que aunque su estimación de gasto es de alrededor de 3 mil 800 millones de pesos, se le asignaron 2 mil 854. Esto es, apenas 26 millones de pesos más que en el año anterior.
Del mismo modo, el Tribunal de Justicia Administrativa recibirá 13 millones de pesos más, con un total aproximado de 116 millones de pesos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibirá menos de tres millones más, con un presupuesto de 86.5 millones de pesos, mientras que el Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) obtendrá 10 millones más y pasará de un presupuesto de 30 a 40 millones de pesos.
El mayor incremento será para el Instituto Electoral de Michoacán, que recibirá cerca de 74 millones más. Es decir, ejercerá 361 millones, 894 mil pesos, mientras que durante el 2019 ejerció 286 millones, 324 mil pesos, pero esto es porque a finales de este año comenzará el proceso electoral, lo que implica mayores prerrogativas para los partidos políticos y una partida para comenzar con la capacitación y conformación de los comités municipales y distritales.
