- El impedir u obstaculizar el disfrute de políticas públicas destinadas atender a las mujeres, es violencia.
- El Gobierno Federal carece de sensibilidad, frente a la demanda de ciudadanas que son el principal sustento de sus familias.
Morelia, Michoacán a 26 de febrero de 2019.- , El recorte de recursos al Programa de Bienestar de Niñas y Niños hijos de madres trabajadoras, es violencia institucional contra las mujeres y una violación a los derechos humanos de niñas y niños, aseguró la diputada del PRI en el Congreso del Estado Yarabí Ávila González.
A unos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer que tiene lugar el 8 de marzo, la diputada local lamentó la actuación del Gobierno Federal frente a la situación de indefensión en que quedan niños y niñas que no tienen la posibilidad de ser cuidados por sus madres, que en muchos de los casos son el principal sustento familiar.
Asimismo, la legisladora sostuvo que a esto se suman los recientes recortes a los refugios para mujeres violentadas, mismos que amenazan seriamente la paz y tranquilidad de quienes padecen violencia extrema, y que han encontrado en estos espacios un lugar seguro, esta decisión subrayó viola de manera grave su derecho a una vida libre de violencia.
La diputada refirió que la violencia institucional tiene su origen en los actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminan, dilatan, obstaculizan o impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, situación que ocurre con las decisiones asumidas por el Gobierno Federal.
Ante este escenario la diputada urgió alternativas de autoridades estatales y municipales, y exigió al Gobierno Federal asumir un papel responsable y sensible para no violentar el interés superior de la niñez y los derechos humanos de las mujeres, ya que de mantenerse esta regresión en los derechos que han ganado en los últimos años, se agrandarán las brechas de desigualdad y agudizaran las condiciones de inequidad.
Recordó que en Michoacán tres de cada diez mujeres son jefas de familia, lo que implica que se desarrollan en alguna actividad económica y son el principal sustento de sus hogares, mientras que otro grupo mayor se dedica alguna actividad económica que contribuye a la economía familiar, por lo que esta violencia institucional echa por la borda los grandes avances que se han tenido en los últimos años para generar condiciones para que ellas puedan acceder en igualdad de condiciones a un trabajo bien remunerado.
