Los integrantes del Comité de Administración insisten en que ni tienen claridad en cuanto a cómo se ejercieron los recursos. Durante el último trimestre del año se “perdieron” 25 millones de pesos.
Por no tener certeza en cuanto a cómo se ejerció el recurso público que corresponde al Congreso del Estado durante 2018, fue que el Comité de Administración pidió la intervención del área de Contraloría y optó por reprobar el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2018. Algunos coordinadores de bancadas consideran que se trata de un asunto político y se omitió analizar este informe durante la sesión de este jueves.
Miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), argumentaron que los integrantes del Comité de Administración tienen problemas de índole personal o políticos con el Secretario de Administración y Finanzas del Congreso, Alberto Chávez Sandoval, quien es emanado de las filas del PAN. Por esta razón, determinaron no acudir a la reunión a la que convocó este Comité a los 40 diputados e hicieron un llamado por su cuenta al funcionario, con quien acordaron reunirse el próximo lunes.
La presidenta del Comité, Yarabí Ávila González, refutó este supuesto al señalar que los 21 diputados que acudieron pertenecen a distintos grupos parlamentarios. Lamentó que se retirara el asunto del orden del día y considero que se les debe una explicación.
Puntualizó que existe una omisión en la ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, puesto que el informe se entrega cada tres meses, pero las legislaturas entran en funciones el 14 de septiembre, por lo que esas dos semanas no hay titulares en las áreas y “no hay claridad”, por lo que no se ha logrado detectar de dónde proviene el déficit de 25 millones de pesos, ya que la anterior legislatura reportó “finanzas sanas” en su último informe.
Eduardo Orihuela, Ernesto Núñez Aguilar y Wilma Zavala, coordinadores del grupo parlamentario del PRI, el PVEM y la representación parlamentaria respectivamente, fueron los únicos miembros de la Jucopo que acudieron a dicha reunión, que se realizó a puerta cerrada y sin acceso de dispositivos móviles.
Llamó también la atención de la presencia de Cristina Portillo Ayala, a pesar de que se la reunión se llevó a cabo en un segundo piso, ya que con la justificación de sus problemas de salud que obstaculizan su movilidad, la diputada no ha asistido en los últimos cinco meses a las sesiones del pleno.
Núñez Aguilar, quien pertenece al Comité de Administración, calificó como “tonterías” las suposiciones de un trasfondo personal al reprobar el informe y subrayó que esto no quiere decir que se esté culpando a alguien de alguna situación irregular, sino que únicamente responde a que no se cuenta con los elementos para aprobar el informe.
Por su parte, Antonio Salas Valencia, describió la reunión como “un lodacero” pero con buenos resultados, aunque consideró importante la presencia de todos los legisladores y por ello sugirió que el próximo lunes se debiera invitar también a los 40.
Por otro lado, el diputado panista sugirió que los coordinadores parlamentarios que no acudieron podrían tener algo qué esconder. “Yo no voy a ir a una reunión donde sepa que voy a salir y me van a cerrar la puerta y me parta la cola”, expresó.
El legislador, quien fue presidente de la Mesa Directiva, confirmó que los miembros de la Junta reciben prestaciones con las que no cuentan el resto de los diputados y justificó que ellos tienen mayor responsabilidad y una mayor carga de trabajo, pero sugirió que algunos de ellos pudieran además tener otro tipo de ingresos. “Hay cosas que son anómalas que tienen que darse cuenta los 40 diputados”, expuso.
