- Durante la mesa de trabajo en torno a la violencia política de género que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, magistrados y consejeros electorales coincidieron en que debe existir una estrategia para combatir este tipo específico de violencia.
Habría que modificar el Código Electoral en el estado para definir en qué consiste la violencia política de género y precisar cuál sería el organismo encargado de llevar a cabo la investigación correspondiente, así como precisar las sanciones que se deben aplicar, consideraron los presidentes del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) durante la cuarta mesa de trabajo sobre la participación política de las mujeres “retos y perspectivas para el proceso electoral 2021-2021” que tuvo como sede el Congreso del Estado.
El magistrado presidente del TEEM, Salvador Alejandro Pérez Contreras, presentó una serie de propuestas de reforma a los diputados presentes. En primer lugar, consideró que en el Código Electoral se debería definir en qué consiste la violencia política contra la mujer en razón de género y se debería de contemplar como una causal de nulidad de una elección, tanto para contender a un cargo público como en las internas de los partidos políticos, además de establecer cuáles son las conductas que violentan los derechos político electorales de las mujeres y que esta falta pueda ser sujeta a un Proceso Especial Sancionador.
En entrevista, el consejero presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, observó que el Código Electoral actualmente no contempla estos temas, pero esto no impide que el Consejo General del IEM pueda emitir lineamientos, así como un acuerdo para que sea este organismo el encargado de investigar este tipo de temas, ya que durante el último proceso electoral su actuación se limitó a remitir las quejas al TEEM.
“Yo creo que hay que respetar la función que tiene el tribunal, el tribunal es un órgano revisor de las actividades de los órganos administrativos y creo que con eso se le da un poquito más de fortaleza”, expuso.
Por otro lado, el magistrado electoral Omero Valdovinos Mercado, apuntó que debiera de existir una defensoría de oficio para atender la violencia política de género y señaló que es un tema que preocupa a los tribunales electorales en el país, ya que de no ser así, la víctima se ve obligada a pagar un abogado particular, lo cual inhibe las denuncias.
