- Los señalamientos que derivaron del proceso de elección de auditor general revelaron falta de unidad en la fracción parlamentaria del PRI.
Morelia, Michoacán a 26 de junio de 2019.- Mientras que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Eduardo Orihuela Estefan, declaró que se interpondría un recurso legal por la falsificación de supuestas pruebas de que hubo irregularidades en el proceso, Adriana Hernández Íñiguez se deslindó de las mismas y consideró que debiera reponerse el proceso.
“Yo no me siento representada si es que esto que se filtró a medio de comunicación es verdad. No me gustaría que se dijera que los priistas se prestan a este tipo de situaciones”, declaró en entrevista la diputada, quien fuera coordinadora de su fracción parlamentaria durante la anterior legislatura.
“¿Adriana es del PRI? No sé, no sé si sea del PRI”, declaró el diputado Marco Polo Aguirre, quien preside la comisión inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, cuyo nombre aparece involucrado en una supuesta conversación que da a entender que se filtraron las respuestas a algunos aspirantes. Tanto él como Orihuela negaron categóricamente que esta conversación sea legítima.
En coincidencia con la fracción parlamentaria del PRD, Hernández Íñiguez consideró que se debe cambiar a los integrantes de la comisión inspectora y reponer el proceso puesto que ya se vio empañado.
“Si está en tela de juicio que está amañado, debería reponerse y si es verdad que hubo una mala actuación se tendría que hacer una revisión y modificar los perfiles que están participando en ella”, manifestó Hernández Íñiguez y negó que exista una ruptura al interior de la fracción parlamentaria del PRI. Aseguró que ha sido respetuosa de sus compañeros y su coordinador, aunque no siempre ha coincido en algunas cosas. “Sin embargo no puedo decir que esta acción, si es que fuera verdad, la comparto como priista. No creo que mis compañeros priistas estén de acuerdo si es que esto sucedió”, agregó.
Para esta legisladora, continuar con el proceso a pesar de los señalamientos podría restar legitimidad a quien resulte electo y prestarse para que los aspirantes que no lo sean presenten recursos legales. Reponerlo, aclaró, no significa descartar a los perfiles que ya se están valorando, sino fijar reglas claras y sí cambiar a los integrantes de la comisión inspectora para que exista confianza.
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