- Una mala actuación de las autoridades de procuración de justicia durante el proceso podría quedar en evidencia cuando se dé a conocer la versión pública del expediente, observó el comisionado del INAI.
Transparentar caso Oderbrecht no busca transgredir presunción de inocencia ni contravenir el debido proceso. Se trata de una ponderación por ser un asunto de interés púbico en donde se involucran actos de corrupción, precisó el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Óscar Mauricio Guerra Ford.
El funcionario visitó Morelia par impartir una conferencia magistral denominada “Rediseño de la Plataforma Nacional de Transparencia”. Entrevistado antes del evento, explicó que hasta ahora no se ha podido cumplir con la resolución del INAI para dar a conocer la versión púbica del expediente del caso debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha amparado en dos ocasiones.
“Alguien nos ha dicho, no voy a decir quién ‘por el INAI, el caso se puede venir abajo’. Sólo falta que nos echen la culpa de que el caso se venga abajo porque al hacerlo publico alguien se de cuenta de que las autoridades correspondientes no hicieron las actuaciones de la forma correcta”, manifestó Guerra Ford.
Expuso que también se ha cuestionado la actuación del INAI con respecto al asunto, ya que en un principio confirmó que esta información era de carácter reservado y posteriormente, con el cambio de administración federal, cambió su postura.
“Parece que el INAI tuvo un viraje y que con la nueva administración abre el caso como si el INAI estuviera resolviendo en relación a quién esta presidiendo el país o que el INAI en algún momento se quisiera congeniar con el gobierno anterior y ahora con el gobierno en turno”, planteó el mismo comisionado y respondió ante ello que el mismo carácter de la investigación ha ido llevando a un cambio en los criterios puesto que se conocieron aspectos que redimensionaron su impacto.
Esto es, explicó, que en un principio se trataba únicamente de un caso de irregularidades en una licitación, pero después se reveló el presunto uso de recursos económicos en la campaña electoral de quien era entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo que lo convirtió en un asunto de interés público.
Además de este criterio de exclusión, agregó, está el de la implicación de actos de corrupción, pero para que se hiciera valer esa excepción tendría que estar en funciones el fiscal anticorrupción, lo cual no era un hecho cuando se ingresaron las primeras solicitudes de información sobre este caso.
“Cuando después existe la posibilidad de que parte de los recursos fueran utilizados para una campaña política, no es lo mismo que si le asigno un contrato a mi compadre. La ley establece que podemos abrir ese tipo de contratos por corrupción. Al principio no los abrimos porque eso actos tienen que ser calificados por la autoridad como corrupción”, argumentó Guerra.
Esto no tiene que ver con quien esté al frente del Ejecutivo federal, aseguró, ya que este mismo criterio se aplicó para dar a conocer versiones públicas de expedientes judiciales desde enero del 2018, antes del proceso electoral.
Insistió en que no se trata del expediente judicial sino de una versión pública y que la FGR ha argumentado que es muy difícil realizar esta versión. “Nadie dijo que es fácil. La versión pública del caso Iguala llevó seis meses, eran más de 60 mil hojas las que tiene ese expediente, entonces hay que revisarlo para testar nombres y algunos datos que ayuden a identificarlos”, manifestó.
