El combate a la discriminación siempre debe ser política pública y una cultura general, por ello, es fundamental que desde la legislación se elimine cualquier obstáculo que impida el desarrollo pleno de los ciudadanos, afirmó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, quien presentó una iniciativa para reformar el artículo primero de la Constitución Política del Estado, para eliminar cualquier obstáculo que afecte a las personas por su profesión u oficio.
En la sesión ordinaria virtual, celebrada este lunes, el diputado manifestó que la Constitución Política del Estado, debe brindar certeza al desarrollo de los derechos humanos de los profesionistas y trabajadores michoacanos, tal y como lo determina nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano forma parte.
La iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, tiene la finalidad de que Michoacán cuente con un catálogo más amplio en su legislación, en protección de los derechos humanos y con ello, cerrar filas en el combate a la discriminación.
En esta contingencia sanitaria, refirió que resulta inconcebible que los trabajadores del sector salud sean víctimas de actos de discriminación por parte de personas ignorantes que los señalan, los agreden física, verbalmente y psicológicamente, dañando irreparablemente su dignidad, por considerarlos una fuente de contagio.
Aunado a lo anterior, dijo que se vulneran otros derechos al negarles la prestación de servicios como el transporte, la alimentación, el hospedaje, entre otras prerrogativas básicas para el desarrollo de la vida de cualquier persona.
“Son héroes y heroínas, pero no los tratan como tal. Aun cuando se ha intensificado una campaña de apoyo al personal médico, en días pasados, el titular del Gobierno Federal, señaló que algunos médicos habían mercantilizado la salud y que parte de ese gremio, como parte del modelo neoliberal, se robaban las medicinas y hacían negocio hasta adulterando los medicamentos. Por supuesto que estas declaraciones no abonan en el ambiente de violencia contra los médicos, no podemos permitir se criminalice el uso de una bata blanca o de equipo médico”.
La situación en comento, no solo denota ingratitud, sino que constituye un acto grave de violencia y discriminación hacia personas que están arriesgando su propia vida para salvar vidas ajenas, es por ello que, es urgente elevar a grado Constitucional en el ámbito local la prohibición de discriminación por el ejercicio de alguna profesión u oficio.
Por ello, hizo mención que es vital que prospere dicha reforma, en la que se establece en la Constitución que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, la profesión, el oficio, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
En ese contexto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
