Morelia, Michoacán.- Por la protección de los derechos de las mujeres y por un entorno libre de violencia para todas, la diputada Lucila Martínez Manríquez hizo un llamado a la Federación para que implemente en lo inmediato acciones coordinadas con las distintas entidades del país, en materia de prevención, protección y acceso integral a la justicia para todas las mujeres, especialmente a quienes han sido víctimas de violencia por razón de género.
Ante el incremento de los casos de violencia contra la mujer, que han aumentado durante esta pandemia por el COVID-19, señaló que es urgente una estrategia única y coordinada entre el Gobierno Federal con los estados.
Si bien reconoció que erradicar la violencia por razones de género no es un tema que atañe únicamente a los gobiernos, sino a la familia y sociedad en su conjunto, por jugar un papel importante para cambiar patrones históricos socio-culturales, es responsabilidad principal de las autoridades, emprender acciones encaminadas a su protección, y combatir la violencia desde todas las trincheras.
La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, puntualizó que el desinterés del Gobierno Federal para atender el problema que viven las mujeres en el país, se evidencia desde la reducción del presupuesto para los programas y acciones en beneficio de este sector, así como en las declaraciones hechas por el propio presidente, quien minimiza lo que viven día a día, al negar los casos de violencia y argumentar otras cifras, que están fuera de la realidad.
Lucila Martínez refirió que en los últimos años se ha podido observar un alarmante aumento en las estadísticas sobre los casos de violencia, en donde la Organización de las Naciones Unidas estima que 6 de cada 10 mujeres en el mundo han enfrentado algún incidente violento durante su vida; de igual forma, la Organización Mundial de la Salud observa que derivado de esta violencia, al menos el 42% de las mujeres refieren alguna lesión y advierte que los hombres que tienen un nivel de instrucción bajo, han sido objeto de malos tratos durante la infancia.
Por ello, señaló que la violencia debe ser tratada como problema de salud pública y que es deber del Estado Mexicano el intervenir para la atención de este problema, que lastima a las mujeres y a la sociedad en su conjunto.
En México, recordó, que en el 2019 se registró un aumento del 12.4% en violencia familiar, con respecto al 2018 y que el 98% de las mujeres son las principales víctimas, lo cual refleja que las políticas públicas que se impulsan no han logrado disminuir el problema que se tiene en nuestra nación.
Lucila Martínez hizo referencia que el Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que las cifras sobre feminicidios han aumentado en un 137% desde el 2015, año en el que inició el recuento de estas denuncias, pasando de 411 casos a 976 durante el año 2019.
Asimismo, durante el mes de enero de este año se suscitaron 320 homicidios en contra de mujeres, de los cuales 73 fueron configurados como feminicidios, para el 18 de febrero de este año la cifra había aumentado a 113 feminicidios.
“Dado lo anterior es sumamente indispensable no hacernos de la vista gorda, tratando de ocultar la realidad que hoy nos está golpeando a la cara, la sociedad mexicana exigimos acciones concretas y eficaces en donde se involucre el compromiso de todos los órganos y niveles de gobierno”.
Finalmente, recalcó que el Gobierno Federal se ha quedado corto en la aplicación de programas que permitan cerrar las brechas cada vez más extensas en cuanto a la protección a las mujeres, lo que dificulta alcanzar una verdadera igualdad de género, por ello, la importancia de que asuma su responsabilidad y atienda de manera inmediata el problema que se tiene.
