La normatividad internacional prescribe que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Pese a ello, los niños y niñas que son el interés superior, muchos de ellos, continúan trabajando en actividades de riesgo, o bien, vendiendo en los cruceros, o en actividades agrícolas (principalmente los hijos de los jornaleros migrantes), en la peor de las situaciones se encuentran vinculados con el delito de la Trata de Persona y explotación, con los nefastos impactos que se generan a sus cuerpos (sexuales, de pornografía, de utilización de sus órganos, de trabajo vinculado a redes criminales, entre otros).
El Estado mexicano debe garantizar al niño una diversidad de derechos, entre ellos el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten a los menores, teniendo que tomar en cuenta las opiniones en función de la edad y madurez. Pero igualmente deberá ser escuchado en procedimientos judiciales y administrativos que los afecten, ya sea directamente o por medio de representación de un órgano apropiado. Pero también tiene el derecho a la libertad de expresión.
No obstante los derechos en mención y otros considerados ya por nuestro marco jurídico, vemos que la existencia de un contexto no propicio derivado de diversas cuestiones no solo económicas, sociales o de mercado, todos estos derechos pueden estar siendo letra muerta sobre todo cuando los relacionamos con bandas delincuenciales.
De esta manera las niñas, niños y adolescentes ante el crimen organizado integran una población que, enfrenta las desventajas de vivir en un mundo adultocéntrico que aún ofrece pocos espacios para hablar, participar y exigir el cumplimiento de sus derechos, y que en gran medida depende de la estabilidad y protección que sus familias y comunidades les puedan ofrecer para ejercer plenamente sus derechos; pese al trabajo que vienen realizando las estructuras de los diferentes niveles de gobierno del Sipinna.
Esta situación quedo evidenciada en la presentación del Estudio “Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México”, elaborado por la CNDH y la UNAM. Datos ya registrados por INEGI, revelan que 2007 y 2017 se triplicó el número de víctimas de homicidio de personas entre 0 y 19 años, al pasar de 1,002 a 2,858, y entre 2016 y 2017 el número de homicidios tuvo su mayor incremento, que fue del 22.5%, en tanto que a nivel estatal los estados que registraron las mayores tasas fueron Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California.
Situación que se agrava cuando la lucha por el poder de grupos de delincuentes genera la muerte de mujeres, niños y niñas; situación que observamos en el reciente caso de los homicidios de nueve personas de la familia LeBarón, entre ellos 6 niñas y niños, y lesiones contra otras 6 personas menores de edad. Esta situación que se vive requiere de reorientar las estrategias de seguridad humana para evitar que se continúe incrementando el número de casos, que al final significa que no se cumplió con la máxima de interés superior del niño.
El estudio precisa que la existencia y el incremento de la victimización de niñas, niños y adolescentes es consecuencia de la ausencia de políticas y acciones del Estado para garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos.
Igualmente se señala en el Estudio que una de las frecuentes violaciones que impactan la vida de niñas, niños y adolescentes en el país es la desaparición impune de sus madres, padres, hermanos y/o compañeros, por lo que consideramos que esta situación impacta negativamente su vida y deja secuelas que requieren de ser tratadas profesionalmente desde la tanatología, e duelo y la resilencia y que por cierto esto no se está realizando por el Estado, sino más bien por organizaciones de la sociedad civil como Uno en Voluntad, A.C. que trabaja el tema con niños, niñas y adolescentes, o bien Prendiendo Luces A.C.
Consideramos que las estructuras operativas, así como el diseño de la política con enfoque de niños y niñas se fortalezcan, por ello, es necesario que se impulse que los SIPINNAS municipales terminen de instalarse y cuenten con recursos y seguimiento suficiente, aunque esto es lo deseable, porque el 2020 será un año complejo porque se prevé la reducción de los presupuestos a los ayuntamientos que son el primer contacto con la ciudadanía; se requiere igualmente de plantear estrategias locales para la participación de familias y la comunidad para restituir el tejido social y atender a víctimas del crimen organizado y la violencia, pero consideramos que habrá de hacerse bajo un enfoque de cohesión social para rescatar la confianza, los valores, la identidad y la convivencia.
Finalmente habrá que articular estrategias de los tres niveles de gobierno, así como aquellas prácticas que permitan atender a familias en situación de vulnerabilidad y a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
