Separar el concepto de gobierno abierto y gobierno electrónico, legislar en materia de digitalización de archivos, garantizar internet a toda la población y considerar los costos fueron algunas de las observaciones que se hicieron a la propuesta de Ley de Gobierno Digital que presentó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla durante la realización del foro que sobre el tema se llevó a cabo este martes en el Congreso del Estado.
En entrevista, Ramírez Bedolla expuso que presentó esta iniciativa en octubre del año pasado y se turnó a las comisiones de Gobernación y la de Ciencia y Tecnología, ambas presididas por diputadas de Morena; la primera, por Cristina Portillo Ayala y la segunda por Laura Granados, quien no estuvo presente.
Una vez aprobada la ley, explicó, la Auditoría Superior de Michoacán, a través de un consejo coordinador que se creará, se encargaría de vigilar que ésta se cumpla y se destinaría un presupuesto específico para el mantenimiento de los sistemas digitales.
Esto no afectaría a los trabajadores de atención ciudadana, acotó el diputado, ya que será necesaria la asistencia en línea, además de que habrá ciudadanos que sigan realizando trámites en ventanilla, ya que no toda la población es usuaria de internet.
Durante su intervención, Elvia Higuera Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) observó que la brecha digital es un obstáculo para el gobierno electrónico, ya que un porcentaje importante de la población no tiene acceso a internet y argumentó que el Estado tendría que garantizar el acceso a redes de WiFi a todos los habitantes y de manera particular a los grupos vulnerables.
El diputado Alfredo Ramírez aseguró que el 76 por ciento de la población en el estado tiene acceso a internet y se prevé que en 10 años se alcance más de un 90 por ciento, dijo haber tomado esos datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
No obstante, en la última emisión de la ENDUTIH, correspondiente al 2018, se indica que sólo el 58.2 por ciento de los michoacanos tiene acceso a internet. La misma iniciativa que presentó el diputado refiere un 51.3 por ciento y cita esa misma encuesta, pero en su versión de 2016.
De los más de dos millones de usuarios de internet en el estado, 69.2 por ciento se encuentran en la ciudad y 11.6 por ciento en un entorno rural. A pesar de ello, se busca generar obligaciones a todos los ayuntamientos mediante la iniciativa en cuestión.
El diputado Alfredo Ramírez considera que sí, ya que al no haber una ley que obligue a que se lleven a cabo trámites en línea, las dependencias de gobierno no se comprometen a que sus plataformas digitales funcionen ni generan políticas públicas concretas.
“Para eso son las leyes, para que acciones de gobierno se tengan que hacer a favor de la ciudadanía de manera obligatoria”, enfatizó el diputado. Acotó que de 900 trámites que se pueden hacer en el Gobierno del Estado, sólo nueve tienen la posibilidad de hacerse en línea.
Por su parte, Sergio Mecino, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) opinó que si bien no existe una ley como tal, ya hay dependencias que han implementado mecanismos digitales y esto se deriva de otras disposiciones legales tanto nacionales como estatales, como es el caso del TJA, en donde a partir de las reformas de ley de 2017 se instauró el juicio en línea.
Desde hace tres años el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) ha llevado a cabo el Innovation Fest, que entre las actividades que comprende está la de retar a los jóvenes participantes a que desarrollen plataformas relacionadas con las necesidades de gobierno abierto y digitalización que plantean las propias dependencias gubernamentales, expuso el titular de esta dependencia, Luis Montañez Espinosa.
Explicó que con ello generar una vinculación entre los organismos necesitados y el sector académico y profesional y abatir la falta de recursos con que cuenta su dependencia para generar por sí misma los recursos económicos necesarios, por lo que propuso establecer esta vinculación en la normativa que se creará.
La comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia Información y Protección a datos personales (IMAIP), Areli Yamilet Navarrete Naranjo observó que antes de aprobar una ley de gobierno digital tendrá que generarse una ley de archivo en donde se establezcan lineamientos de digitalización y archivos y observó que no se debe de confundir e concepto de gobierno abierto con el de gobierno digital, ya que el primero tiene que ver con la transparencia e información y ya está contenido en la normativa de la que deriva la Plataforma Nacional de Transparencia, mientras que de lo que trata esta propuesta de ley es de la realización de trámites en línea.
“No los escuché hablar de los discapacitados”, reclamó el diputado Osiel Equihua, aunque en la iniciativa sí se establece que las plataformas que se generen deben ser accesibles para personas con alguna discapacidad, así como para la población indígena.
“No se olviden de incluirnos”, solicitó Equihua, “los que no vemos, los sordomudos, los que están amputados también tenemos la necesidad de acudir a las diferentes dependencias para realizar nuestras obligaciones y también necesitamos estar enterados de todos esos programas”.
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