Anulación del contrario, no debe ser lógica en una disminución de financiamiento a partidos: Araceli Saucedo 

En México el financiamiento público acota al privado con la intención de que la lógica para la obtención del voto no sea aquél que más dinero tenga

La reducción de prerrogativas a partidos políticos, no debe darse bajo la lógica de anular al contrario, por lo que es necesario voltear y revisar de manera amplia la historia en materia de procesos electorales en nuestro país, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Pátzcuaro apuntó que en el ámbito nacional se ha puesto sobre la mesa la necesidad de disminuir el financiamiento a los partidos políticos, lo que sin duda socialmente será una medida bien recibida debido al rechazo social hacia los partidos políticos en el país.

Sin embargo la legisladora refirió que el tema debe ser revisado con todo cuidado, ya que en México el financiamiento público acota al privado con la intención de que la lógica para la obtención del voto no sea aquél que más dinero tenga.

Asimismo la legisladora puntualizó que el financiamiento público ha permitido también contener la intromisión de recursos de índole delincuencial dentro de las campañas políticas, ya que al carecer de financiamiento público se abre la posibilidad de que los contendientes busquen echar mano de financiamientos sin importar su origen.

Consideró viable la revisión de los porcentajes de financiamiento, e invitó a los legisladores federales que analicen el asunto a voltear a ver la experiencia en Michoacán, en donde la legislación local preveía porcentajes inferiores a los nacionales, “el problema es que cuando se determinó establecer un solo criterio a nivel federal, se pasó por encima de las normas estatales que en muchos casos eran más austeras que la federal”.

Araceli Saucedo recordó que antes de la reforma electoral federal de 2013 que estableció un porcentaje del 63 por ciento del salario mínimo vigente a multiplicar por el número de inscritos en el padrón electoral para definir el monto de las prerrogativas, en Michoacán nuestro Código Electoral establecía el 20 por ciento.