Dieciocho aspirantes a integrar el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comparecieron ante las Comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia.
Tras reconocer la necesidad de consolidar en Michoacán la promoción y defensa imperiosa de los derechos humanos, la 74 Legislatura a través de las Comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, realizó las comparecencias de aspirantes a integrar el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
A través de plataformas digitales, los diputados Teresa Mora, Gabriela Ceballos, Antonio Salas, Fermín Bernabé, Ernesto Núñez, Adriana Hernández, Araceli Saucedo, Antonio Soto y Javier Paredes, escucharon las ponencias de Sonia Zavala, Andruz Quintero, Cinthya Samara, Leonor Marcos, Laura Pardo, Efraín Pineda, Jorge Zamacona, Pedro Fernández, Salvador Sandoval, Carlos Bautista, Iván Torres, Juan Rivera, Elidet García, Carlos Rangel, Brenda Navarrete, Juan Anguiano, Arturo Ruíz y Tanya Guevara.
En un lapso de 5 minutos, los aspirantes presentaron sus propuestas de trabajo, entre las que destacaron la necesidad de permear entre la sociedad, a través de su gestión, en la construcción de un equilibrio y límites a cualquiera de las expresiones del abuso del poder, así como impulsar proyectos en pro de la consolidación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como un organismo ciudadano y autónomo.
En el mismo sentido, plantearon la necesidad de profesionalizar a los servidores públicos en materia de derechos humanos, además de fortalecer la colaboración entre gobierno, organismos y sociedad civil, para la adecuada implementación de políticas públicas tendientes a dar atención a la situación de los grupos vulnerables.
Aunado a lo anterior, reconocieron la urgencia de exigir el cumplimiento de la normatividad que salvaguarda el cumplimiento y respeto a los derechos de las personas, a fin de mejorar su situación y alcanzar el máximo grado de protección a la dignidad humana.
De esta manera, el Congreso del Estado de Michoacán refrenda su participación decidida para poner en la agenda pública, el debate en torno a la protección de los derechos fundamentales, y proponer soluciones reales, a fin de que se consolide la cultura de legalidad y respeto a la dignidad humana.
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