¿Congreso feminista?

Los diputados locales se sumaron a la moda de proponer iniciativas innecesarias. Leyes con nombre de mujer, tipificación de la pederastia, mayor sanción para feminicidios, ¿realmente son necesarias? Mientras, se congelan o desechan otras propuestas.

Morelia, Michoacán.- Los diputados en Michoacán se han sumado a la moda de proponer iniciativas con tinte feminista y nombres de mujer, como la ley Olimpia o la ley Ingrid, así como para tipificar la pederastia, que se retomó luego del asesinato de la niña Fátima; sin embargo, algunos especialistas señalan que esas reformas no son tan importantes, porque se trata de aspectos que ya contempla el Código Penal.

Mientras tanto, se empolvan iniciativas que podrían beneficiar a un sector de michoacanas, como la que busca descriminalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, la que propone que un embarazo producto de violación pueda ser interrumpido si la víctima lo solicita en el sector público con carácter de urgencia médica o las que sugieren que los delitos sexuales o la violencia intrafamiliar se persigan de oficio. Así como otras iniciativas encaminadas a sancionar o cercar a los deudores alimentarios.

Los diputados de la LXXIV Legislatura presumen ser muy feministas, pero además de la ley Olimpia, las únicas reformas de carácter feminista que han aprobado en este año y medio tienen que ver con beneficiar a la clase política. Es decir, decretan equidad en los cargos públicos sancionan la violencia política.

A la reciente aprobación de la denominada ley Olimpia en el estado de Michoacán, para la cual se presentaron múltiples iniciativas de distintos partidos políticos, siguió la presentación de otras iniciativas de supuesto carácter feminista que han cobrado fuerza discursiva a nivel nacional, como la ley Ingrid o la tipificación de la pederastia o el aumento de sanciones en los feminicidios; sin embargo, las leyes michoacanas ya contemplaban este tipo de delitos, desde antes de proponerse. No sólo eso, sino que durante la pasada Legislatura se presentaron iniciativas similares y fueron rechazadas o enviadas a la congeladora.

“Es una cosa de los Congresos de no tener mucha preparación o buenos asesores, se mueven por instinto político y la verdad es que sí vende votos”, consideró en entrevista el doctor en Derecho Penal Alejandro Chávez Rojas, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para quien todas estas reformas son innecesarias.

Ley Olimpia, Michoacán pudo ser el primero en tenerla

Hace más de dos años, durante la LXXIII Legislatura, el diputado perredista Manuel López Meléndez presentó una iniciativa para penalizar el sexting. Esto fue en noviembre de 2017, es decir, dos años antes de que se presentara el caso de Olimpia Coral Melo, que la llevó a impulsar la iniciativa que lleva su nombre y que se replicó en congresos locales de todo el país.

De seis meses a siete años de prisión proponía entonces López Meléndez para quien difundiera por vías electrónicas material fotográfico, de audio o video con contenido sexual explícito sin el consentimiento o en perjuicio de la intimidad de quien esté implicado en dicho material, con un agravante si se trata de un menor de edad.

En diciembre de 2019, por iniciativa del Ejecutivo estatal y el eco de otros diputados, como Óscar Escobar, del PAN y Sandra Luz Valencia, se aprobó una reforma al Código Penal con una sanción máxima de ocho años por lo que se denominó “delito digital”, que es prácticamente lo mismo, pero sin el agravante en el caso de minoría de edad.

Además de ello, el Código Penal del estado, en su artículo 194 ya preveía los ataques a la intimidad, como un delito que se comete al difundir por cualquier medio contenido relacionado con la vida privada de alguna persona.

Para Chávez Rojas sería más importante tipificar otro tipo de delitos, como los cibernéticos. “Yo aquí puedo meterme a dañar todo el equipo de Bancomer y no pasaría nada porque no está tipificado”, ejemplificó

Ley Ingrid, violaciones a la cadena de custodia

Esta iniciativa de ley ha tenido variantes en cada entidad donde se ha presentado, pero en términos generales propone que se sancione a los funcionarios públicos que difundan información sobre víctimas, con agravantes si se trata de personas fallecidas o de mujeres.

El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente establece que absolutamente todos los elementos de una investigación deben considerarse como estrictamente reservados, que sólo tendrán acceso a ellos la víctima y el imputado y que el Ministerio Público debe presentar una visión pública si se solicita por vía de transparencia y acceso a la información, pero sólo si ya prescribieron los delitos.

Además, el artículo 20 de la Constitución Mexicana, así como el quinto y séptimo de la Ley General de Víctimas reconocen el derecho de las víctimas de que su identidad sea resguardada, lo cual también se especifica en los reglamentos de cadena de custodia.

A pesar de esto, para la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer en Michoacán (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca, resulta pertinente hacer esta reforma. “Sí es importante porque esos errores hacen que la carpeta de investigación se caiga. Ya no forman parte de una prueba clara”, pero agregó: “no sé si ponerle el nombre de Ingrid sea lo correcto”

Pederastia, ¿omisión o duplicidad?

En Michoacán será más penado violar a un adulto que a un niño si se aprueba la iniciativa que presentó la diputada priista Adriana Hernández Íñiguez, ya que actualmente el Código Penal establece una pena de 10 a 20 años de cárcel por este delito, independientemente de la edad de la víctima mientras que ella propone que si es menor de edad se reduzca la pena a entre 9 y 18 años.

Cabe señalar que la pena se reduce a menos de la mitad cuando existe una relación de pareja entre la víctima y el agresor. De ser así, sólo tendría entre tres y 10 años de cárcel el atacante.

Otras particularidades de esta iniciativa son agregar la no prescripción del delito, que actualmente prescribe pasados 15 años después de que la víctima cumplió 18 años; así como la pérdida de la patria potestad o inhabilitación del cargo de ser el caso y atención psicológica a la víctima proporcionada por el agresor o el Estado.

Para el penalista Alejandro Chávez es innecesaria esta reforma, que calificó de populista. “Ya está tipificado, la violación en contra de menores, ataque sexual, estupro, abusos deshonestos…” enlistó y observó que otros términos como el secuestro o la legítima defensa tampoco necesitaban ser adheridos

Por su parte Hernández Íñiguez defendió que sí hace falta esta rectificación porque “lo que abunda no hace daño y pareciera que necesitamos que diga exactamente el término para que estas personas que abusan de los menores puedan ser castigadas”, aunque acotó que se agregarían las características ya mencionadas, además de que a un académico se le quitaría el título.

En 2017, la comisión de Justicia de la LXXIII Legislatura rechazó una iniciativa similar, propuesta por la entonces diputada local por el PT, Mary Carmen Bernal, con el argumento de que el delito de pedofilia ya está tipificado dentro de las figuras de abuso sexual, trata, violación equiparada y estupro. Ante ello, Hernández confió en que no se repita: “este es un tema a favor de los niños entonces quien esté en contra de un tema que proteja a los niños no sé qué está haciendo aquí”.

Por otro lado, la secretaria de la mujer consideró que se trata más de una cuestión de violencia de género y adelantó que el Gobierno del Estado presentará una iniciativa en ese sentido. “Si lo dejamos como una agravante no visibilizamos que e s una muerte por condición de género”, observó, bajo el argumento de que existe el feminicidio infantil, en donde las víctimas son violadas y sus cuerpos exhibidos. “Tiene que ver con el ejercicio de poder de un hombre sobre una niña”, expresó.

Feminicidio, ¿sirve incrementar penas?

Entre los pendientes de la agenda feminista se ha insistido en acotar más las características de este delito, aunque la comisión de Justicia se ha negado a ello, argumentando que eso generaría incertidumbre. La mayor parte de las iniciativas presentadas en el Congreso local giran en torno a incrementar las sanciones.

Chávez Rojas observó que desde hace años se han ido incrementando las penas en varios delitos, como el feminicidio, sin que hasta ahora se haya observado una disminución en la incidencia. Agregó que desde su perspectiva el lugar donde se coloca el cuerpo no debería ser una determinante de feminicidio porque en todo asesinato se busca deshacerse del cuerpo de la víctima dejándolo en un lugar público.

La diputada Lucila Martínez, presidenta de la comisión de Igualdad Sustantiva en el Congreso, señaló: “de nada nos sirven marcos jurídicos con penas cada vez más severas si al final del día no estamos atacando los temas sociales desde la raíz” y se pronunció por una coordinación entre la federación, los estados, los municipios y los poderes Legislativo y Judicial, quienes desde su perspectiva tendrían que estar involucrados en la configuración de políticas públicas.

Reformas feministas ignoradas por los diputados

Hay una larga lista de iniciativas de carácter feminista que se aglutinan en comisiones, sobretodo en la de Justicia, presidida por el panista Antonio Salas Valencia y la de salud, que preside Refugio Cabrera, del mismo partido. La mayoría de ellas ya superaron el tiempo máximo de tres meses que prevé la ley orgánica del Congreso para emitir un dictamen.

Por mencionar algunas, dos que presentó el diputado del PRD Norberto Antonio Martínez Soto, una para que la interrupción de un embarazo producto de violación sea considerada urgencia médica y otra para que se despenalice por completo el aborto antes de las 12 semanas de gestación.

Asimismo, se emitió un dictamen en contra de la propuesta del Ejecutivo que se presentó en noviembre del 2018 de que los delitos sexuales se persigan de oficio, aunque no se ha votado en el pleno. En esa ocasión también se pretendió desechar la iniciativa de Miriam Tinoco para que los deudores alimentarios pierdan la patria potestad.

Tampoco se le ha dado salida a la iniciativa de Érik Juárez Blanquet de crear un padrón de deudores alimentarios y la misma comisión de Justicia consideró improcedente incrementar la sanción de agresores sexuales cuando exista una relación de autoridad, como en escuelas o centros religiosos.

Otras propuestas pendientes

Igualmente podrían ir a parar a la congeladora propuestas presentadas recientemente, como la que hizo el diputado Antonio Soto para que a las mujeres que el sector salud realice una mastectomía se les garantice también la cirugía reconstructiva de seno o la de la diputada Lucila Manríquez para que la violencia intrafamiliar se persiga de oficio.

Próximamente se presentarán otras iniciativas que podrían enmarcarse en la agenda feminista. Entre ellas, la titular de Seimujer expuso que a través del Ejecutivo se presentará una para armonizar toda la legislación en materia de equidad de género.

Hernández Abarca explicó que de esta manera se evitarían omisiones o lagunas legislativas, y ejemplificó que la trata de personas está entreverada en temas de turismo, violencia infantil o de género, mientras que hay temas de salud que limitan con el feminicidio, como cuando las mujeres mueren de cáncer porque sus maridos les impiden ir a una consulta con un ginecólogo.

Por otro lado, el diputado por el PT Baltazar Gaona presentará una iniciativa el próximo martes para que las mujeres embarazadas puedan demandar por pensión alimenticia.

El destino de estas iniciativas dependerá de los titulares de las comisiones a las que se turnen, aunque actualmente el Congreso del Estado presenta un rezago de más de 390 iniciativas, por lo que es incierto el futuro de estas propuestas.