Denuncian desatención a pacientes de covid en penal federal de Morelos

La activista Kenia Inés Hernández dice temer por su vida ya que a un mes de que reportó tener síntomas no se le ha hecho ningún estudio ni dado atención médica.

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) lanzó un llamado urgente a las autoridades penitenciarias federales para garantizar la salud y la vida de la activista Kenia Inés Hernández Montalván, quien se encuentra privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en Morelos. 

El abogado del colectivo, José Antonio Lara Duque afirmó que la defensora de los derechos humanos Hernández Montalván teme por su vida, ya que en las últimas horas ha registrado complicaciones médicas que podrían derivar en una infección por Covid-19, o en un posible paro cardiaco. 

“El pasado 19 de agosto, en plena audiencia, Kenia Inés Hernández manifestó tener síntomas que podrían coincidir a covid-19, como dolor de cabeza y resfriado; hace unos días ha manifestado tener punzadas a la altura del pecho, por lo que ha solicitado una revisión médica”. 

“Es inaudito que a un mes de distancia, hasta el momento no se haya registrado la práctica de algún examen o reactivo; pero lo más delicado es, que ha experimentado malestar que nos hace pensar que podría ser la advertencia de un paro cardiaco”, explicó. 

El abogado Lara Duque aclaró que, las autoridades penitenciarias deben garantizar la salud de las personas privadas de su libertad a través de servicios de salud que estén a la mano de quien lo solicite, en este caso, “es lamentable saber que no hay médico disponible los fines de semana”. 

“Es oportuno resaltar que, la propia activista ha denunciado un esquema donde, en el contexto de la presente pandemia por covid-19, las personas privadas de la libertad tienen acceso al agua potable embotellada a un precio de 2.2 pesos por litro”, dijo. 

El defensor del pueblo Lara Duque recordó que la defensora de la tierra fue arrestada por segunda ocasión, el pasado 18 de octubre en la caseta de peaje de Amozoc, en Puebla, acusada por delitos de carácter federal, que incluyen robo y ataques a las vías de comunicación. 

En este sentido, el defensor del pueblo afirmó que las autoridades judiciales cometen un serio atropello a las garantías individuales de la mujer indígena, ya que confunden la protesta social de la activista –y diversos grupos guerrerenses–, con hechos que constituyen presuntos delitos. 

Resaltó que, la agrupación “Frente Popular de la Montaña de Guerrero” y el “Colectivo Libertario Zapata Vive”, han anunciado una serie de movilizaciones para visibilizar estas irregularidades al interior de los centros penitenciarios en el país, de manera particular por contagios de covid-19. 

Por último, Lara Duque señaló que la vida de Kenia Inés Hernández Montalván está en manos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; al tiempo de aprovechar para, también, responsabilizar al gobierno federal por la suerte y seguridad de los colectivos que respaldan la acción social.