Por disposición legal todos los sujetos, instituciones de Gobierno, sindicatos y organizaciones que perciban recursos públicos, deben organizar sus archivos y subir la clasificación de archivo y guías a más tardar el 15 de diciembre del presente año, de lo contrario podrían ser sujetos de elevadas multas.
Los anterior como parte de las disposiciones que se establecen en la Ley General de Archivos, y que opera ya el Archivo General de la Nación.
De acuerdo con declaraciones del director de archivos del Poder Ejecutivo, Ulises Rangel, alrededor de 60 municipios han iniciado el proceso para regularizar sus archivos, sin embargo aún hay un número nutrido de alcaldías que por la distancia con la capital van rezagados.
De no realizar la tramitología y subir todos los materiales necesarios a la Plataforma Nacional de Transparencia “los sujetos obligados, todos los que reciben recurso público, podrían ser causa de multas de entre mil a 180 mil pesos”, explicó el director.
Por lo anterior, y para coadyuvar en la observancia de la ley, a través de la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo, se están otorgando todas las facilidades a los ayuntamientos para que concluya el proceso, porque a diferencia de la anterior ley, ahora la sanción no es a las instituciones, sino contra los funcionarios.
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